Las mujeres que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo ya pueden solicitar la indemnización de 1.800 euros, pionera en España, aprobada por el Gobierno andaluz. El decreto fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), un día antes de su debate en el Parlamento.

El PSOE defenderá hoy una proposición no de ley para respaldar la medida y reconocer, mediante una declaración pública, la labor y el sufrimiento de estas víctimas, olvidadas incluso por la Ley de Memoria Histórica. El decreto levantó ampollas en el PP: son ayudas “vomitivas”, llegó a decir el consejero madrileño de Presidencia, Francisco Granados.

Pero el debate, más que sobre las humillaciones que padecieron estas mujeres –muchas de ellas rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino e incluso violadas– parece destinado a desembocar en una discusión más amplia sobre la memoria histórica en general que retratará a los grupos en el Parlamento. En su exposición de motivos, la propia propuesta socialista incide, en referencia al sector más conservador del PP, en quienes “se empeñan en olvidar el episodio más negro de la historia contemporánea de España” y pide, incluso por delante de los puntos referidos a las mujeres, el apoyo de la Cámara a las actuaciones emprendidas por las asociaciones y los familiares de las víctimas “para el reconocimiento moral o la reivindicación de la memoria histórica”.

IULV-CA, sin embargo, pedirá ir más allá a través de cinco enmiendas. Entre ellas, solicita que la Junta de Andalucía asuma de forma directa las exhumaciones de las víctimas. “Como tendría que hacer el Estado; no sirve solamente hacer un mapa de fosas”, explicó ayer a Público el parlamentario de IULV-CA José Manuel Mariscal. Además, el grupo insiste en la necesidad de anular las sentencias dictadas en juicios sumarísimos, una cuestión tampoco resuelta con la Ley de Memoria Histórica, que se queda en el paso anterior y las declara únicamente como ilegítimas.

La votación

El PSOE, al cierre de esta edición, aún no tenía decidido si aprobaría alguna de las enmiendas de Izquierda Unida, que apoyará la propuesta socialista. Preguntado por este periódico, el PP aseguró que esperará hasta hoy para desvelar el sentido de su voto. Las reacciones en el partido tras la aprobación del decreto, mucho más suaves entre los dirigente andaluces, apuntan a una abstención. “Esperamos que el presidente del PP-A, Javier Arenas, muestre una actitud acorde con un partido que cree en la democracia”, dijo en un comunicado el PSOE.

Las asociaciones de memoria siempre han valorado, más que el dinero, el reconocimiento público de estas mujeres. En una carta enviada a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, con fecha 23 de septiembre de 2010, el coordinador de memoria histórica de CGT-A, Cecilio Gordillo, pedía la realización de actos que tuvieran como objetivo el “necesario homenaje y reconocimiento institucional a esas mujeres” y que se diera traslado a los grupos parlamentarios. Según Gordillo, el decreto llega tarde y debería haberse debatido antes. Desde hoy, las mujeres tienen tres meses para pedir la ayuda, un plazo suficiente según la Junta.