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IU plantea en el Congreso limitar los "abusos" de los registradores

Exige abaratar este servicio público, así como regular sus retribuciones

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El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y la parlamentaria de ICV, Nuria Buenaventura, registraron en el Parlamento una proposición no de ley con el objetivo de que se abarate el servicio público de los registros de la propiedad y mercantil y que se regule el sistema retributivo de los registradores.

Este es el tercer intento que impulsa IU para romper una 'situación en la que los registradores de la propiedad cobran directamente a los usuarios por ejercer una función pública y que se reparte mediante exclusivas territoriales', reza en la exposición de motivos. En 2005 y 2008 presentaron una iniciativa similar que fue rechazada.

La aprobación de esta propuesta de la izquierda minoritaria en el Congreso, advierte IU, supondría 'un cambio radical en el funcionamiento de los registros en beneficio de los ciudadanos'. Con la crisis, denuncia la Asociación de Usuarios de los Registros Públicos, los registradores 'están compensando la reducción de ingresos mediante el fraude arancelario'. Es decir, cobrando a los clientes un sobrecoste en diferentes gestiones. E incluso, facturando por tareas inherentes a su trabajo y que 'no están sujetas a aranceles', apuntan desde IU. Como ejemplo, la asociación se refiere al precio de la información registral. 'Cuesta tres euros, pero se está cobrando a nueve. Un 300% más', denuncia la organización, que calcula en 'más de 200.000 euros anuales los ingresos extras que puede embolsarse un registrador por fraude arancelario'. Para apoyar estas cifras, recuerdan que en España 'se piden al año entre 15 y 20 millones de notas registrales', principalmente notas simples, y 'no hay ni siquiera 900 registradores'.

La iniciativa presentada insta al Gobierno a 'revisar, actualizar y ajustar los aranceles que perciben los registros de la propiedad y mercantiles' para que se cumpla el 'principio de no lucratividad' que rige para los funcionarios públicos. De momento, la tramitación en la Cámara Baja no ha comenzado, pero desde IU confían en que 'se pueda debatir en pleno antes de que acabe este periodo de sesiones'. El último día hábil es el 30 de junio.

El grupo parlamentario también reclama al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para que los actos administrativos no sean ejecutados por 'los empleados, que no son funcionarios públicos', práctica que se ha convertido en habitual.

Por otro lado, trasladan al Gobierno la petición de que deje de comercializar los datos del Estado a través de la web del Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España y que el acceso sea gratuito si la solicitud proviene de un funcionario o del titular registral. La proposición no de ley también insta al Ejecutivo a dictar instrucciones precisas para que se ordene a los registradores 'el cese del cobro de cantidades extrarancelarias', así como otros aranceles inexistentes por servicios no solicitados.

En cuanto al sistema retributivo de los registradores de la propiedad y mercantiles de España, la iniciativa considera que es 'un privilegio no justificado'. En este sentido, recuerdan que se trata de 'funcionarios públicos', que no perciben sus sueldos del Estado, y califica de 'alegal' el régimen de distribución de ganancias que los registradores han impuesto a los empleados.

'Actualmente, el registrador se lleva un 60%' y el 40% restante 'sirve para pagar los gastos y a todo el personal', subraya la iniciativa. Esto se traduce en unas 'ganancias medias netas de 1,5 millones de euros' al año por registrador, en épocas de bonanza económica (entre 1997-2008), mientras que los empleados reciben unos 900 euros mensuales.