'Cuantos han permitido, participado o colaborado en llegar a esta, última pero reiterada en el tiempo, amenaza de fractura de España, por comisión, omisión o provecho de sus cargos constitucionales, habrán de responder con todo el máximo rigor de tan grave acusación de alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense'.

Comunicado del 24 de septiembre de 2012 de la Asociación de Militares de España (AME). Estaba en pleno apogeo el debate soberanista en Catalunya, justo después de la carta cibernética del rey donde pedía no perseguir 'quimeras' y justo antes de que Artur Mas anunciara la convocatoria anticipada de elecciones. La asociación de militares en la reserva irrumpía con unas declaraciones polémicas en las que apelaba incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas para 'suprimir cualquier atisbo de secesión', en cumplimiento de la misión que la Constitución les otorga 'de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de España'. Y en las que amenazaba a quien amenazara con la ruptura con aplicarle la 'jurisdicción castrense'. O sea, el consejo de guerra. 

Defensa dice que los militares retirados pueden expresarse libremente 

La nota de la AME no tardó en ser rebotada y criticada. Y de inmediato José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), preguntó al Gobierno si tenía prevista 'alguna medida' contra los reservistas asociados que planteaban directamente la 'sedición' en caso de una eventual separación de Catalunya. Inquiría el diputado también si el Ejecutivo 'comparte' las soflamas 'golpistas' de la AME y si piensa modificar el Código Penal Militar para castigar las acciones 'contrarias al orden constitucional cuando se hagan en calidad de militar, incluso cuando se encuentre en la condición de retirado'. Centella defendía que todas las asociaciones de militares, en activo o no, han de guardar 'estricta neutralidad'.

Centella sostiene que los miembros en la reserva no son civiles 'al cien por cien'

El Ejecutivo envió su respuesta el pasado 15 de octubre y hoy el parlamentario dio cuenta de la misma. El Gobierno explica que las declaraciones hechas por reservistas, según el artículo 115 de la Ley de la Carrera Militar, 'no están sujetas a las leyes penales y disciplinarias' castrenses. Defensa, en consecuencia, 'no puede adoptar medida cautelar ni sancionadora alguna hacia quien ostenta idénticos derechos constitucionales que un ciudadano común', puesto que el Código Penal Militar 'no es de aplicación' a militares retirados. 

Centella no se quedó conforme con la respuesta. Izquierda Plural considera que esta 'laguna' legal debe subsanarse, porque el personal de las Fuerzas Armadas que está en la reserva 'no son civiles al cien por cien' . La legislación debe 'modificarse', apremió, para exigir responsabilidad a 'aquellas personas que desde ese ámbito militar planteen actitudes fuera del orden constitucional', para que no haya 'ninguna zona oculta a la democracia'. El diputado endosó al Gobierno un doble rasero: la 'tolerancia' que practica con los militares, sin preocuparse 'qué pasa a los cuarteles', y la actitud 'tremendamente beligerante', singularmente de la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, con los manifestantes que el 25-S y ayer martes rodearon el Congreso pacíficamente.