El coste y la opacidad de la visita de Ratzinger no ha pasado desapercibido entre los partidos de izquierdas, que han reaccionado para exigir que se cumplan las separaciones de gastos propias de un Estado aconfesional.

Para Carlos Aymerich, portavoz del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG), el presupuesto que maneja la Xunta para la visita del Papa pone de manifiesto 'el orden de prioridades' de los conservadores. 'Para el PP austeridad significa recortar en sanidad, educación y recursos sociales', afirma. Aunque desde el Gobierno gallego se han apresurado a justificar su proyecto afirmando que 'los retornos van a ser superiores a los gastos', este supuesto no acaba de convencer al BNG.

Aymerich lamenta que los cuatro millones de euros que se van a gastar en las ocho horas de visita no se inviertan en financiar la gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011, 'que ahora tendrán que pagar las familias gallegas'. El BNG critica también la falta de claridad en la difusión del presupuesto sobre el que se ha elaborado la estimación y se pregunta 'qué empresa va a ser la adjudicataria del escenario de la plaza del Obradoiro'.

La presunta 'falta de transparencia' con la que la Xunta está manejando la organización de las actividades previstas también inquieta a los socialistas gallegos, que ven esta estimación de gasto 'con preocupación'. Para José Manuel Lage, parlamentario autonómico del PSdG-PSOE, la 'falsa austeridad' de la Xunta es 'un buen termómetro' de cómo actúan los conservadores.

Como aún se desconoce el presupuesto de la visita del Papa en Barcelona, la primera misión de la izquierda catalana será conseguir estos datos, con la paradoja de que en algunos casos deberán pedirlos a departamentos de gobiernos de los que son miembros.

'La mayor parte del coste de la visita debería pagarla la Iglesia', defiende Pere Aragonès, diputado de ERC, que también exige que 'en momentos de crisis' el arzobispado 'debería precisar los costes' que afrontarán, ya que es una institución que recibe importantes ayudas públicas. Aragonès no entiende tampoco por qué la Sagrada Família, un templo financiado por cristianos de base, tiene que ser consagrado por el jefe de la jerarquía eclesiástica.

La diputada y portavoz de ICV, Laia Ortiz, recuerda que las administraciones deben garantizar la seguridad en todos los actos, aunque defiende que 'todo lo que tenga relación con el rito religioso como las tarimas o las pantallas gigantes corra a cargo de la Iglesia', a diferencia de lo que ocurrió en la visita del Papa a Valencia en 2006.

Jordi Miralles, coordinador general de EUiA, anuncia que desde su partido se exigirá que no se dediquen recursos de la administración al acto. Miralles propone incluso que 'se envíe al Vaticano la factura en seguridad' que conlleve y avanza que participarán en una campaña plural de varias organizaciones sociales que aprovechará la visita para reclamar un verdadero Estado laico. Los tres partidos también exigen que el Papa no pretenda interferir en cuestiones de política interna durante su estancia en Barcelona.