Izquierda Plural, el grupo parlamentario que aglutina a IU, ICV y Chunta, aseguró ayer que al menos tres de los principales contenidos de la reforma laboral que aprobó el Gobierno el pasado viernes pueden ser inconstitucionales. La coalición anunció que está decidida a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque para poder tramitarlo es necesario que la impugnación la suscriban al menos 50 diputados.

El grupo ya ha hecho sus propios cálculos. Además del apoyo de sus 11 integrantes, fuentes de Izquierda Plural aseguraron ayer que creen poder contar con el respaldo de al menos 14 representantes de partidos políticos de izquierda que están integrados en el Grupo Mixto. Entre todos sumarían 25. Incluyeron a los siete representantes de Amaiur, los tres de ERC, dos del BNG y uno tanto de Compromís como de Geroa Bai.

Para llegar a la cifra que establece la ley para poder recurrir al TC, Izquierda Plural debería contar con otros 25 diputados que, explicaron, sólo podrían ser de las filas socialistas. Fuentes de IU advirtieron que ahora está por ver si el PSOE es capaz de configurar un verdadero 'frente de izquierdas' contra la reforma, o si prefiere hacer oposición por cuenta propia.

Izquierda Plural les ofrece el trabajo hecho, al menos en parte. A la espera de un análisis detallado, dos portavoces del grupo explicaron ayer en rueda de prensa que han percibido tres puntos de la reforma laboral que podrían ser inconstitucionales. El parlamentario de ICV, Joan Coscubiela, explicó que esas tres cuestiones se refieren al periodo de prueba que establece el texto para los nuevos contratos, a la irretroactividad de la aplicación de la nueva normativa, y a la arbitrariedad que determina el decreto.

Coscubiela recordó, respecto al primer supuesto, que el Tribunal Supremo determinó en una sentencia que el periodo de prueba 'sólo puede estar vinculado a la valoración por parte de la empresa de las capacidades del trabajador'. Y que, por tanto, 'establecer un periodo abusivo va contra el derecho al trabajo del artículo 35 de la Constitución española'.

El representante ecosocialista aseguró, además, que la reforma laboral vulnera el principio de irretroactividad de las leyes porque 'aplica la ley de forma retroactiva a una parte de los trabajadores que están trabajando'. El texto 'reduce no sólo su indemnización de 45 a 33 días', sino que también 'limita su tope de 42 meses a 24'.

El decreto recupera, además, 'el arbitraje obligatorio' que, en la práctica, supone a juicio de Coscubiela recuperar 'el fantasma del franquismo'. Porque establecer que los casos de discrepancia entre los representantes de los trabajadores y las empresas se resuelvan a través de lo que decida 'la comisión consultiva nacional de convenios' es, a su juicio, 'recuperar el arbitraje obligatorio que fue declarado inconstitucional por una sentencia del Constitucional de 1981'.

Izquierda Plural expresará su rechazo a la reforma laboral en todos los ámbitos en los que tenga margen de actuación. Empezará por acudir en bloque a las manifestaciones contra el texto convocadas por los sindicatos mayoritarios para el próximo domingo. Coscubiela lamentó que el texto se haya construido 'sobre una falsedad', al imputar a la legislación laboral española la destrucción de empleo. Y que se presentara 'con mentiras' por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Es, en su opinión, una reforma 'que está al servicio de los oportunistas de la crisis'.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella, advirtió por su parte a 'andaluces y asturianos' de que la reforma laboral demuestra a lo que se enfrentan si el PP gana en sus respectivas comunidades.