Pese a su condición de imputado en el caso Gürtel, Francisco Camps disfruta desde su dimisión de todos los privilegios de su condición de expresident valenciano. Entre estas ventajas está el puesto de consejero en el principal organismo público asesor del País Valencià, el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Pese a que falta poco más de un mes para que Camps sea juzgado, los encargados de decidir sobre su permanencia en esta entidad ni siquiera se plantean la posibilidad de suspenderlo o cesarlo en este cargo.

Así quedó claro en una comparecencia del presidente del CJC, Vicente Garrido, celebrada ayer. A la pregunta de si Camps será apartado de su puesto en el caso de ser condenado, Garrido se preguntó: '¿Y por qué va a ser condenado?'. Acto seguido, completó sus declaraciones con una afirmación y una media sonrisa: 'Yo creo que a un inocente no se le puede condenar'.

Vicente Garrido preside el CJC desde el año 2003. Fue nombrado directamente por Francisco Camps, ya que, según las normas de esta entidad, su presidente es nombrado por el jefe del Gobierno valenciano. La relación entre ambos es, además, académica, ya que Vicente Garrido dirige desde hace años la tesis doctoral de Camps, referida a sistemas electorales.

El optimismo mostrado ayer por Garrido respecto a la segura absolución de su alumno no se corresponde, sin embargo, con la complicada situación judicial de Camps. Después de dos años y siete meses de instrucción, tanto el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) como el Tribunal Supremo han coincidido en la existencia de indicios racionales de delito en la conducta del expresident, cuyos intentos por evitar el juicio a través de una lluvia de recursos no han surtido más efecto que el de retrasar la vista oral. Así las cosas, Camps se enfrentará a un jurado popular a partir del 12 de diciembre.

Será juzgado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Se le acusa de aceptar en torno a 14.000 euros en trajes de la trama corrupta Gürtel. En el mismo periodo de tiempo en el que aceptó los supuestos regalos, los empresarios que lo agasajaban se beneficiaron de millonarios contratos con la Generalitat. Muchas de estas adjudicaciones fueron conseguidas de manera presuntamente ilegal. Este asunto también está siendo investigado por el TSJCV a través de otra instrucción judicial que afecta a altos cargos del PP valenciano.

Camps tiene un importante obstáculo a la hora de demostrar su inocencia. Se trata de la autoinculpación de dos de los imputados en la causa, los ex altos cargos de su Gobierno Víctor Campos y Rafael Betoret. Ambos se declararon culpables en julio y fueron condenados a una multa. A los dos se les acusaba de los mismos hechos que al expresident.

Tras su dimisión, el 20 de julio, Camps solicitó todos los privilegios que le corresponden. Dispone de coche oficial, chófer y secretaria. Al contrario que sus predecesores en el cargo, solicitó el ingreso en el CJC, por el que cobra 57.586 euros al año. También conserva su puesto de diputado autonómico, en este caso sin salario.