El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha rechazado este viernes las críticas al Gobierno vertidas por 180 magistrados en un manifiesto contrario al doble indulto concedido a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas, para evitar que fueran a prisión.

Moliner, asociado a la asociación progresista Jueces para la Democracia, ha dicho que no le parece bien que los jueces 'entren a criticar públicamente actos de Gobierno', porque, entre otras cosas, ha recordado, 'no está permitido'.

'No me parece bien y no sé hasta qué punto puede tener mayor trascendencia un hecho que deriva de la libertad de actuación' del Gobierno, ha señalado el presidente del CGPJ en A Coruña, donde ha visitado la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Los 180 magistrados, entre ellos dos magistrados del Supremo y una vocal del Consejo del Poder Judicial, censuraron durísimamente el indulto por ser una afrenta a los jueces, y un acto impropio 'de un sistema democrático, ilegítimo y éticamente inasumible'.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el indulto es una competencia del Gobierno, según la Constitución, y que el informe del juez del caso no es vinculante.

Agregó que las medidas de gracia se conceden por el Ejecutivo, en nombre del rey, mediante unos procedimientos que 'son los que son'.

Sánez de Santamaría ha insistido en datos de procedimiento, que cualquier ciudadano puede consultar en la normativa legal, pero no ha dado ninguna justificación de la concesión del indulto a cuatro torturadores.

De este modo, y tras dejar claro que respeta todas las opiniones, la vicepresidenta ha precisado, en una nueva perogrullada legal, que el Gobierno concede esta medida de gracia recabando una serie de informes que son preceptivos y no vinculantes.

Luego se ha introducido en el proceloso mundo de la estadística, que nadie le había solicitado, indicando que los indultos concedidos nunca han sobrepasado los cinco centenares, de un máximo de 8.140 solicitudes que se han llegado presentar, siempre a petición de parte. Así, ha insistido en que nunca se ha concedido más de un 8% de los indultos pedidos, con excepción del año en 2007, que el porcentaje fue del 11,27 por ciento.

'Los indultos se ejercen de una manera bastante limitada y homogénea en el tiempo', ha dicho Sáenz de Santamaría en un juicio genérico, antes de recordar que la Constitución atribuye al Consejo de Ministros esa potestad.