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El jefe de la 'Gürtel' seguirá dos años más en prisión

El juez alega el riesgo de fuga para prorrogar la reclusión provisional de Correa y rebaja a la mitad la fianza de su lugarteniente, Pablo Crespo

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El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado que Francisco Correa, encarcelado el 6 de febrero de 2009, continúe otros dos años en prisión provisional incondicional. En un auto hecho público hoy, Pedreira subraya que, aunque el considerado jefe de la trama Gürtel cumplirá mañana los dos años establecidos como límite ordinario para la prisión preventiva, el riesgo de fuga 'no ha mermado en modo alguno' y resulta difícil calcular cuándo se celebrará el juicio. El magistrado sostiene que ese riesgo de fuga sólo puede conjurarse manteniendo recluido al imputado, parte de cuyos bienes en el extranjero continúan sin ser localizados o bloqueados. A Correa se le atribuyen varios delitos de corrupción, entre ellos cohecho (soborno), tráfico de influencias y blanqueo. Los indicios 'se han confirmado'. Y una 'pluralidad' de elementos -añade el juez- le señalan como 'el principal supuesto responsable de la red de corrupción', por lo que no merece 'un trato igual' al de otros imputados.

En otra resolución dictada hoy, Pedreira rebaja de 1.200.000 euros a 600.000 la fianza impuesta a Pablo Crespo, presunto número dos de la red corrupta y ex secretario de organización del PP gallego. Si Crespo hace efectiva la fianza con los medios a su alcance (ver recuadro inferior), el juez se habrá garantizado el acceso a una suma considerable hasta ahora en poder de la trama. Y, si es así, Correa permanecerá como el único imputado que sigue en prisión tras la reciente excarcelación de Antoine Sánchez. El jefe de la trama quedará así aislado en la prisión madrileña de Soto del Real, aunque las fuentes consultadas aseguran que ese no es el objetivo buscado con la reducción de fianza para Pablo Crespo.

Tras conocerse sendos autos, la defensa de Correa anunció por la tarde una apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Pero la lectura del auto denota que, al redactarlo, Pedreira ya daba por descontado, como mínimo, el recurso de apelación ante el TSJM. Y lo denota porque el auto está plagado de referencias a las sucesivas resoluciones de la Sala del Tribunal Superior, todas ellas favorables hasta la fecha a que Correa continúe en prisión y coincidentes en que la medida es 'proporcionada a la gravedad de los hechos'. Pedreira se apoya en el órgano superior del tribunal para remarcar que no sólo él sino todos los jueces que se han pronunciado sobre el asunto han concluido la existencia de un riesgo cierto de fuga.

El auto es demoledor al reseñar las causas que inducen al juez a temer la evasión de Correa a otro país si deja atrás los barrotes. Pedreira explica así cómo el jefe de la red posee medios suficientes para organizar una hipotética huida: 'Aunque ciertamente a través de las comisiones rogatorias se han comprobado determinadas inversiones y determinado patrimonio -dice el auto-, también consta (...) que no existe bloqueo de determinados inmuebles por causa de los diferentes sistemas procesales'. Pese a que ya han arrojado resultados (17 millones localizados en Suiza y 4,3 bloqueados por Mónaco), las comisiones rogatorias no sólo han topado con el muro de los paraísos fiscales clásicos (Islas Caimán, Nevis e Isla de Man) sino de países como Holanda.

Pedreira se remonta al estallido del caso, bajo la batuta del juez Baltasar Garzón, para remarcar cómo 'el riesgo [de fuga] fue el detonante' para 'que se procediera a la detención y registros del día 6 de febrero de 2009'. El auto invoca aquí el contenido de un informe policial fechado tres días antes de que Garzón lanzara la operación. En ese informe 'quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras'. Y para que restringieran las llamadas telefónicas. La Policía ya alertó entonces -y Pedreira lo recuerda ahora- que la trama disponía de 'alguna información que les había puesto en alerta sobre la utilización de los teléfonos móviles'.

El juez se muestra agrio cuando analiza los postulados del letrado de Correa, José Antonio Choclán, a quien reprocha sus ataques: 'Si se contesta extensamente, se critica; si no se contesta ampliamente, se acusa de falta de motivación', escribe. Choclán lleva meses buscando la nulidad total de la instrucción bajo el argumento de que las escuchas policiales en prisión por orden de Garzón fueron anuladas por el TSJM. Pero fueron anuladas justamente en un auto que confirmó la cárcel para Correa.

La defensa, espeta el juez al hilo de las escuchas, 'llega a la exageración máxima de que todo es nulo'. Y él mismo enfatiza cómo 'diversas conversaciones telefónicas cuya licitud ha sido expresamente declarada por la Sala [del TSJM]' constataron que Correa 'mostró una predecible intención de ubicar su residencia en el extranjero', probablemente en Colombia o Panamá. O sea, mostró una predecible intención de escapar.

En esta resolución, Pedreira baraja abiertamente por primera vez la posibilidad de que el caso salte a otro juez instructor 'si se produce el cese de los imputados aforados', los tres diputados autonómicos ex dirigentes del PP de Madrid. Si Pedreira no cierra la instrucción antes de que los tres pierdan el escaño, el caso regresará previsiblemente a la Audiencia. Y eso obligaría al nuevo instructor a familiarizarse con 150 tomos que crecen cada día.