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Jesús Merino, el desconocido de la 'Gürtel'

Sus compañeros piensan que, si el Supremo le imputa, dejará su cargo en la dirección del Grupo Parlamentario

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Su nombre ha pasado más inadvertido. Jesús Merino, diputado por Segovia, se vio involucrado hace unos meses en el caso Gürtel . Según la investigación, pudo percibir de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa más de 200.000 euros. Los focos de atención pública recayeron desde el principio en el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y en el europarlamentario Gerardo Galeote. Merino no era ni una figura tan simbólica como el primero, ni una persona tan conocida como el segundo. Pero tampoco se trata de un simple parlamentario.

Aunque su labor es desconocida para la opinión pública, pertenece al Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular. Este equipo, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, está formado por diez personas. Merino es el coordinador de Comisiones, un cargo más técnico que político.

Precisamente por ello y porque finalmente la causa se ha elevado al Supremo, para alguno de sus compañeros de filas el dirigente conservador está también en el ojo del huracán. “Le pueden llamar a declarar por posible cohecho y delito fiscal y está en primera línea política. Sale en todas las fotos en la bancada popular junto a Rajoy”, resaltan desde el Congreso.

En el partido hay quien juzga que si es imputado formalmente tendría que abandonar de inmediato su cargo interno. “Debería dar un paso atrás y quedarse como diputado de a pie para no dañar la imagen del PP”, cuentan. Son los mismos que están exigiendo que se imponga un “criterio único” para evaluar todos los casos y que se encuentran “despistados” ante las distintas fórmulas que se manejan. Los que no ven necesario que deje de ser coordinador defienden que Merino tiene un puesto “menos relevante” que el del tesorero en la vida del partido.

Los que le conocen bien aseguran que si se diera el caso nadie le va a tener que exigir una renuncia. “Es muy sensato y antes de que le dijeran nada él se ocuparía”, afirma una amiga suya. Otro amigo insiste: “No tiene interés por aferrarse a ningún cargo, pero sería injusto después de una vida dedicado a la gestión pública”.

Nadie entra a valorar si en ese supuesto tendría que ser también suspendido cautelarmente de militancia o renunciar a su acta parlamentaria. No todos piensan que le convenga mantenerla para seguir siendo aforado. “Al menos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid podía recurrir ante otra instancia”, destacan.

Su círculo más estrecho asegura que Merino ha hablado con Rajoy y que se encuentra “tranquilo y bien, dentro de lo que significa verse en la diana”.

Todos coinciden en señalar que es una persona “seria” y “muy trabajadora”. Recuerdan su perfil centrista como jefe de gabinete de Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo durante el Gobierno de UCD con Adolfo Suárez. Y varios dirigentes conservadores aseguran que “escucha a los demás” y es bastante “campechano”. A sus 55 años disfruta con irse a su casa del pueblo en Hontalbilla a descansar. “Cero apariencia de opulencia”, remarcan. Por eso mismo, para todos fue “una tremenda sorpresa” que apareciera implicado en la supuesta trama de corrupción. Los que llevan años trabajando junto a él se resisten a creer todo cuanto se ha publicado. Están convencidos de que es “inocente” y destacan que no le ven ningún sentido a esta historia porque él ya no ejercía “ningún cargo de poder e influencia”.

Tampoco quieren relacionarlo con el despacho de abogados que mantiene en activo y que figura en su declaración de actividades. El vínculo con Correa no saben determinarlo con certeza. Por las fechas piensan que podrían haber coincidido durante la etapa en la que Merino abandonó Castilla y León y se fue para la sede nacional.

Pero al igual que cuenta con apoyos, a Merino tampoco le faltan los enemigos. Estos le tachan de “comisionista” e “impresentable”. Y aseguran que siempre ha “serpenteado” entre la política y los negocios. Palabras muy duras que los suyos tratan de borrar pidiendo que no se le enjuicie anticipadamente y reconociendo que ellos confían plenamente en su palabra. Dicen que cuando se conozcan los datos, dará “explicaciones”.

En Castilla y León existe cierta “preocupación y nerviosismo”. Pero aún así, el secretario general del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado para él en público la presunción de inocencia. Se da la circunstancia de que Mañueco es además el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, el órgano del partido que vela por la ética de sus cargos y se ocupa de valorar si los suspende o no de militancia.

En su tierra le siguen muy de cerca porque ocupó varios cargos de responsabilidad. Entre 1991 y 1999 fue vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta. También fue secretario de la formación regional. Su carrera está muy vinculada al ex presidente del Senado Juan José Lucas. Sólo en Segovia dicen que no despierta “muchas simpatías” porque ha tenido sus más y sus menos en el partido. Merino fue senador durante un año y aterrizó en Génova, donde desde 2002 se encargó del área de Política Autonómica con Aznar en el Gobierno y Javier Arenas a las riendas del PP.

Fue él quien le dio el testigo a Sáenz de Santamaría. Se cuenta que durante la pasada legislatura ambos sintonizaron en plena tramitación de las reformas estatutarias. Pero no por eso llegó a la dirección del grupo. “Fue como cuota castellanoleonesa, por petición expresa de Juan Vicente Herrera”, matizan en el PP. A algunos les hace gracia que Merino haya regresado con los años a las dependencias que un día pisó como subdirector general del Banco de Crédito Industrial. Ahora ese inmueble es la ampliación del Congreso y allí es donde Merino tiene su despacho.

 


Las iniciales J. M. // En los documentos requisados a la trama corrupta figura un pago de 50.000 euros a “Jesús Merino” y otras entregas que suman 170.000 euros a “J. M.”, iniciales que, según la Policía, le corresponden. A esta información de El País respondió Merino con un comunicado.

“Filtraciones interesadas” // Merino dijo que “nunca” había recibido dinero de Correa y que tampoco había mantenido “relación comercial o profesional” con sus empresas. Y lo denunció como “filtraciones interesadas”.