No es algo nuevo, pero desde que se hizo público el escrito de acusación fiscal contra el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, las críticas contra la Fiscalía y la independencia de los jueces se han acrecentado por parte de los responsables políticos del PP de esa comunidad. Ayer, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, salió en defensa de los jueces, de los que dijo que han dado muestras evidentes de que actúan con 'absoluta independencia e imparcialidad'.

Las palabras de la portavoz del órgano de Gobierno de los jueces responden a las afirmaciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que el sábado cuestionó la independencia judicial en una entrevista a Efe, concedida antes de que el viernes se hiciera pública la petición de 41.250 euros de multa para Camps por haber recibido trajes, zapatos y corbatas de la trama de corrupción conocida como Gürtel.

El lunes, después de que Jueces para la Democracia (JpD) le reprochara el ataque que había realizado contra una institución del Estado, Barberá, lejos de mostrar algún síntoma de arrepentimiento, se mostró satisfecha de haber abierto un debate sobre la independencia judicial y añadió una nueva acusación: 'La Transición no ha pasado por el Poder Judicial'.

Bravo, también valenciana, no ha querido dejar pasar por alto estos 'mensajes que de alguna forma siembran sombras sobre un poder del Estado tan importante, como es el judicial'.

Por ello, recordó que, precisamente, 'la Transición en este país fue posible gracias a que nuestro poder judicial actuó desde la más absoluta legalidad, asumiendo todos los parámetros de nuestra Constitución'. Por si no quedaba claro, añadió que 'desde el primer proceso electoral' los jueces siempre han salvaguardando el Estado de Derecho.

Las críticas de Barberá, referidas a un supuesto 'distinto rasero' en los procedimientos seguidos contra miembros del PP y del PSOE, no han sido las primeras, pero tampoco serán las últimas, pese a la petición de 'respeto institucional por parte de quienes ejercen responsabilidad política', formulada por Bravo.

Las palabras de la portavoz, que incluían el consabido respeto a la libertad de expresión y a la crítica fundada a las resoluciones judiciales que pueden ser revisadas a través de recursos, obtuvieron bien pronto otro ejemplo de por qué eran necesarias.

La directora de campaña del PP del País Valencià, Paula Sánchez de León, hizo ayer público un comunicado para dejar patente su 'coincidencia' con Barberá y añadir un nuevo ingrediente al ataque a la Justicia que protagoniza el partido presidido porMariano Rajoy.

'La causa real del debate sobre la Justicia son los casi ocho años de Zapatero en el Gobierno de España, porque él ha sido el artífice de que la línea de separación de poderes haya quedado difuminada, por la utilización de la Fiscalía que su partido ha hecho en beneficio propio', afirma Sánchez de León. Ninguna asociación judicial consultada por este periódico comparte este dictamen, si acaso, reparte culpas entre los dos partidos mayoritarios.