Las asociaciones de jueces han acusado al Ministerio de Igualdad de lanzar un mensaje 'confuso, por lo ambiguo, y equívoco, por lo genérico,' que pone de manifiesto su pretensión de 'cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas' de los casos de violencia de género.

Responden así a las declaraciones del delegado de Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, sobre 'la falta de equiparación' entre las más de 500 mujeres en 'riesgo alto o extremo' y las 369 pulseras GPS activadas, de las que afirma dependen 'la valoración de las sedes judiciales'.

Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha señalado que 'cualquiera que piense con un mínimo de sentido común' verá como 'evidente' que, 'cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstncias no resultan justificadas'. Asimismo, ha indicado que afirmaciones como las de Lorente 'no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos'.

'Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso', ha apostillado García, a la vez que ha insistido en que considera esta manifestación como 'demagógicas', ya que 'contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones', además de 'poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles'.

Asimismo, ha señalado que 'no se puede pretender que, sobre la base de cualquier tipo de denuncia, esa medida se adopte sin más', puesto que, 'como cualquier otra sanción limitadora de un derecho fundamental, no puede ser aplicada sin un mínimo de justifiaciones y de elementos que la sugieran o la aconsejen'.

Asimismo, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha afirmado que trabajará para 'acelerar los informes periciales', tal y como contempla la Ley Integral contra la Violencia de Género, 'facilitando', de esta forma, la correcta valoración de riesgo de los jueces, que permita la imposición de brazaletes.

Montalbán ha señalado que actualmente 'los jueces sólo cuentan con el informe policial de riesgo y las declaraciones de las partes' para poder elaborar una conclusión sobre el riesgo real que existe.

Por ello, ha asegurado que el Observatorio trabajará para que éstos estén disponibles en las primeras 72 horas desde la detención, momento en el que los jueces tienen que acordar las medidas de protección.

En este sentido, ha recordado que 'la norma creó Unidades de Valoración Forense Integral, formadas por psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales, con la función de elaborar estos informes de peligrosidad, en función al contexto de los hechos o las declaraiones de los menores, entre otras cosas'.

También ha apuntado que 'hoy en día no funcionan con arreglo a protocolos homogéneos entre comunidades autónomas y se emiten a lo largo del proceso'. De esta forma, ha concluido que 'si al juez le faltan elementos no puede generalizar la imposición del brazalete'.

Sin embargo, ha indicado que 'las mujeres con riesgo alto están protegidas porque hay ordenes de protección' y ha incidido en que 'los brazaletes son un medio más'. 'No se trata de poner más pulseras sino de crear seguridad para la víctima. No puede girar todo en torno a los brazaletes', puntualizó.