Las asociaciones de jueces coinciden en señalar que unas penas más duras para los agresores no resuelven el problema de la violencia de género, sino que son necesarias más medidas educativas y preventivas para reducir el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas.

Según datos del Ministerio de Igualdad, 70 mujeres fallecieron por violencia de género durante el año pasado, a los que se podrían añadir otros siete casos que continúan pendientes de investigación.

'Sólo con la respuesta penal no estamos logrando éxitos importantes', asegura el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, que pide para los malos tratos 'respuestas en los ámbitos de la educación y de la prevención'. Gimeno exige además que 'estas conductas se rechacen socialmente, que no haya ningún tipo de complicidad. Nadie tiene que ser cómplice, salvo del apoyo a las personas que sufren', concluye.

Por su parte, María Jesús Alarcón, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, cree que el problema de la violencia de género no se resuelve con un endurecimiento de las penas. 'La ley integral contra la violencia de género nació con unas expectativas maravillosas, pero con un excesivo énfasis en el ámbito penal y no en otros aspectos fundamentales, como la educación, la formación y la publicidad. El Derecho Penal es represivo y tenemos que buscar medidas preventivas', agrega.

Asimismo, diferentes asociaciones de mujeres han calificado de 'insoportable' y 'pésimo' el año 2008 por el elevado número de mujeres que han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, y han reclamado que la violencia de género sea considerado un problema de Estado y que la ley se modifique para proteger mejor a las víctimas.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha exigido al Gobierno, a los jueces, a los parlamentarios y a la sociedad en general que consideren la violencia de género un problema de Estado.

De la misma forma, Mercedes de la Merced, presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones de Mujeres en Igualdad, considera que la asistencia letrada a las mujeres que denuncian malos tratos debería ser obligatoria por ley, por lo que la ley integral contra la violencia de género debería ser modificada en este sentido.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó pedir al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas la implantación inmediata de un sistema de alertas en los órganos judiciales con competencia en delitos vinculados con la violencia de género.