Los jueces y fiscales han amenazado este martes con relegar las demandas judiciales de los bancos, que en su mayoría son ejecuciones hipotecarias y desahucios, en respuesta a los planes del ministro Ruiz-Gallardón de retirar a 1.200 jueces sustitutos desde esta semana. Las siete asociaciones representativas del colectivo, que actúan conjuntamente desde julio, mantienen un calendario de movilizaciones que incluye trabajar a reglamento. una concentración el 23 de noviembre, y, eventualmente, una huelga.

Según explicó Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, están estudiando proponer a la carrera que se cree un turno especial para las ejecuciones hipotecarias de los bancos, ya que están colapsando los juzgados y dilatando la tramitación de los asuntos de los ciudadanos particulares.

María Teresa Sáez, nueva portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura,  mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, fue aún más dura y destacó que los juzgados 'se han convertido en oficinas de recaudación de las entidades bancarias'.

Explicó que las situaciones de insolvencia en los ciudadanos provocadas por la crisis, han disparado los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, embargos y desahucios, instados por los bancos, que sin embargo paralizan en muchas ocasiones esos trámites a la espera de asegurarse el mejor precio para los inmuebles.

Sáez agregó que, con la creación del 'banco malo', se espera una avalancha en los juzgado de bancos que pretendan deshacerse de inmuebles. La portavoz de la APM reclamó al Gobierno que, en vez de impulsar reformas contra la independencia judicial, mejoren la regulación de los desahucios en España, en la línea del estudio realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial que proponía ampliar la dación en pago y otras medidas, una reforma que asegura que tendría 'coste cero'.

La autorregulación incidirá en los procesos de empresas en quiebra, según Angel Dorado

Por su parte, Angel Dorado, presidente del Foro Judicial Independiente, destacó que, sin respuesta positiva del Ministerio a sus reivindicaciones, a partir de este viernes iniciarán la primera medida de presión, a través de la cual se 'autorregularán' estableciendo como carga máxima de cada juzgado los módulo establecidos por el Consejo del Poder Judicial.

Para explicar el alcande de esa medida de trabajo a reglamento, Dorado puso el ejemplo de los dos juzgados mercantiles de Zaragoza, con módulos de 20 consursos de acreedores al año, y que han recibido en 2012 más de 200. Si cumplen con la amenaza, 180 concursos (las antiguas quiebras) se retrasarán al menos un año, con el consiguiente perjuicio para las empresas y los trabajadores, ya que afectarían a los posibles ERE's. 

El propio Dorado admite que sería 'una hecatombe' y la paralización de la actividad económica en lo que depende de los juzgados, pero entiende que la responsabilidad no sería de los jueces sino del Ministerio que no dispone los medios adecuados para que realicen su trabajo. Además, la medida desde el 2 de noviembre implica cumplir a rajatabla los horarios de juicios de 10 a 14 horas, lo que previsiblemente acarreará la acumulación paulatina de retrasos.

María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, se encargó en la rueda de prensa conjunta de rechazar de modo absoluto las tasas judiciales --de hasta 1.200 euros-- cuyo pago pretende imponer el Gobierno a los ciudadanos para poder pleitear en el ámbito civil, contencioso-adminstrativo y social. 'Sólo los ricos podrán acceder a la justicia, y podría ser inconstitucional', declaró Moretó.

En ese terreno volvió a ser más contundente su compañera de la APM, quien reclamó que se mantengan las tasas a las entidades bancarias, para evitar que usen 'a la administración de justicia para fines privados'.

Proponen que las tasas no se impongan a los ciudadanos sino sólo a los bancos

Junto a esta batería de críticas y reivindicaciones, los jueces no descartan convocar, 'en el momento oportuno, y si lo aprueban las carreras judicial y fiscal', una huelga.

El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, declaró que exigen que se ocupen las vacantes en la planta judicial, tras la marcha de los 1.200 jueces sustitutos, con el objeto de dar un servicio de calidad; y que se respete su independencia, lo que consideran amenazado por los proyectos de Gallardón. También protestan, aunque no es lo prioritario según aseguran, por los recortes salariales y de permisos. 

Por último, Antonio Roma, de la mayoritaria Asociación de Fiscales, puso en evidencia que las ratios de jueces y fiscales por habitante en España son de las más bajas de Europa --similares a las de Turquía y Azerbayán, de acuerdo a González Armengol--. En concreto, Roma señaló que la tasa de jueces es de 10,2 por cada 100.000 habitantes, y la de fiscales del 5,2, pese a ser el segundo país de Europa con más asuntos por cada funcionario judicial.

La portavoz de la APM explicó que la adhesión de su asociación a la concentración del próximo día 23 ante el Ministerio de Justicia está pendiente de aprobación  por su Comisión Permanente en los próximos días.

Sobre este asunto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha señalado este martes que 'las movilizaciones y la huelga' anunciadas por las asociaciones de jueces y fiscales 'no son la vía' de solución para los problemas de la Justicia.

El anuncio de las asociaciones de jueces y fiscales le merece a Moliner 'una opinión negativa, creo que no es la vía', según ha señalado a los medios de comunicación. 'Con movilizaciones y huelga' no se hallará la solución, ha añadido, antes de matizar que 'los jueces tienen derecho a proponer lo que quieran'.