Publicado: 10.01.2014 19:24 |Actualizado: 10.01.2014 19:24

El juez abre la vía para juzgar a exaltos cargos baleares por desviar dinero público a familiares y amigos

Miembros de Unió Mallorquina desviaron 1,45 millones de la Consejería de Turismo hacia personas de su entorno a través de una sociedad fantasma

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El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha puesto fin a la instrucción de las investigaciones centradas en un presunto desvío de 1,45 millones de euros de la Consejería de Turismo del Gobierno balear, cuando ésta estaba controlada por Unió Mallorquina (UM) durante la pasada legislatura, y ha abierto así la vía para que por estos hechos sean juzgados el exconsejero Francesc Buils, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet y cinco imputados más.

En su auto de pase a procedimiento abreviado,  el juez instructor del caso Ibatur, Pedro Barceló, ve indicios de que tanto Buils (quien se encuentra en prisión cumpliendo condena por otra causa de corrupción, el caso Voltor) y Bonet se concertaron para beneficiar arbitrariamente, con fondos públicos, a la entonces compañera sentimental de éste último (también imputada), y favorecer del mismo modo a su entorno familiar y de amistad.

Unos hechos que, según el instructor, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil por particular y tráfico de influencias. Mientras tanto, el magistrado ha acordado archivar las pesquisas para los administradores de la sociedad Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, defendidos respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, al no apreciar indicios delictivos sobre ambos.

La resolución, con la que el juez da paso a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación previo a la apertura del juicio por estos hechos, remarca que, para la consecución de sus pretensiones, los exaltos cargos procedieron en 2008 a la constitución y utilización de una asociación sin ánimo de lucro, denominada Bitácora, con la cual la Consejería suscribiría diversos convenios cuyo objetivo aparente era el fomento del turismo náutico pero que en realidad habrían servido de cauce para desviar los fondos. Tras la firma de estos acuerdos, los imputados habrían desviado hasta 1,45 millones de euros, que posteriormente fueron traspasados a empresas de su entorno que eran subcontratadas para simular la totalidad de los servicios que Bitácora debía realizar.

Junto a Buils, Bonet y la expareja de éste, María Magdalena Estarellas, expresidenta a su vez de Bitácora, el juez también ha decretado que continúe el proceso penal contra los administradores de esta sociedad Sylvia Riera, Cristina Sastre, Micaela Odette Sastre y Baltasar Estarellas. Bitácora fue constituida en enero de 2008 y domiciliada en la vivienda que compartían Bonet y su compañera sentimental. Su objeto social era la promoción y el fomento del turismo náutico en Baleares.

Cabe recordar que Bonet fue uno de los primeros detenidos en el marco del caso Ibatur a raíz de su implicación en contrataciones llevadas a cabo presuntamente de forma irregular a través de esta empresa pública, mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), unas pesquisas que se extendieron posteriormente a la actuación de UM al frente de la Consejería de Turismo durante el último mandato del Pacte (2007-2011).

El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como fianza para evitar su ingreso en prisión. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama para él cinco años de cárcel.