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El juez de la 'Gürtel' investiga la venta de un terreno a Mato

Pedreira pide a la Comunidad de Madrid la liquidación de impuestos de un solar que le transmitió su exmarido, imputado en la trama corrupta

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El instructor del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el documento original de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales relativo a un solar vendido por el imputado Jesús Sepúlveda a su exmujer, Ana Mato. El pasado 25 de abril, el magistrado rechazó imputar por cohecho a la vicesecretaria de Organización del PP en este escándalo al considerar que en un 'hipotético supuesto de que concurriesen indicios delictivos', estos ya habrían prescrito.

Un informe policial del pasado enero destapó que la red corrupta había pagado 28.000 euros en viajes al matrimonio, a sus hijos y otros familiares, entre 2003 y 2004. Sepúlveda está imputado en la causa desde febrero de 2009, cuando abandonó la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Sostiene que los datos son necesarios para continuar con las diligencias

Según la Policía, estos desplazamientos eran 'pagos en especie' por supuestos favores a la trama liderada por Francisco Correa.

En el auto, fechado el pasado 4 de julio, Pedreira estima parcialmente un recurso de reforma formulado por la Fiscalía Anticorrupción una vez que se rechazó imputar a la dirigente conservadora. Y se acuerda solicitar a laConsejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el citado documento, fechado el 4 de abril de 2005. Sólo de este modo se podrán practicar las diligencias de investigación que ya acordó el juez respecto a Sepúlveda.

Ya el 19 de mayo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) había emitido un informe en el que advertía al juez de que no podía satisfacer las demandas de información al no disponer del documento de liquidación del impuesto. Argumentaba que, al haberse cedido el rendimiento de esta tasa a las comunidades autónomas, es a ellas a las que hay que solicitar los datos.

El pasado abril, el magistrado rechazó imputar a la dirigente del PP

Una vez que la Comunidad entregue al magistrado la documentación citada, Pedreira podrá seguir avanzando en las pesquisas. El delito fiscal está castigado penalmente cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros. Extremo que tendrá que ser comprobado por Pedreira en el caso de Sepúlveda.

El juez había rechazado practicar una prueba relativa a la liquidación del mencionado impuesto al entender que 'la misma afectaba o podía afectar a Ana Mato Adrover' que, según se recalca en el auto, 'no se encuentra imputada en esta causa'. Al estimar parcialmente el recurso, Pedreira recuerda que ello implica 'que el nombre y demás datos de ambas personas (comprador y vendedor) aparezcan en las actuaciones'.

La número tres del PP, ahora divorciada del exalcalde de Pozuelo, ha sostenido en varias ocasiones que desconocía la relación que Sepúlveda pudiera tener con los cabecillas de la trama corrupta. Pero su nombre figura en los documentos contables y bancarios de la Gürtel.

De hecho, la red tenía en su poder un archivo informático de Excel denominado 'Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato'.

Entre los viajes regalados a la familia por la trama, figura uno realizado por Mato y una de sus hijas a Suiza en junio de 2004. El coste rondó los 2.500 euros. Sobre este desplazamiento, la dirigente conservadora ha mantenido siempre que lo pagó de su bolsillo. Aunque el cotejo de los documentos incautados a la trama indican que ese dinero salió de su caja B.

En el equipo de Mato sostienen que la transmisión del solar podría deberse a parte de la liquidación de gananciales tras el divorcio.

Las diligencias del ‘caso BBV Privanza' han dado mucho juego, tanto que fueron el embrión de la ‘Gürtel'.

Anticorrupción presentó ayer un escrito de acusación dirigido, entre otros, contra Luis de Miguel Pérez, el asesor fiscal que organizó el entramado de empresas con las que el considerado cabecilla de esa trama de corrupción, Francisco Correa, trató de esconder sus ingresos ilícitos.

La Fiscalía solicita para De Miguel 27 años de prisión por ocho delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales.

Se le acusa de articular las estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad de las rentas de otro de sus clientes.