El juez Antonio Pedreira continuará investigando durante varios meses el caso Gürtel antes de enviarlo, presumiblemente, a la Audiencia Nacional. Los recursos ante el Supremo anunciados ayer por el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, implican que la instrucción continuará en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al menos otros seis meses.

Bárcenas y Ulibarri tienen ahora un mes para impugnar el auto por el que la Sala Penal y Civil del TSJM ratificó el pasado día 8 la inhibición de Pedreira en favor de la Audiencia Nacional. La ratificó por dos razones: porque ya no hay imputados con aforamiento y porque el delito de blanqueo internacional de capitales compete a la Audiencia.

Fuentes jurídicas indicaron ayer que Pedreira proseguirá al frente de la investigación hasta comienzos de 2012 si el Supremo admite a trámite uno o los dos recursos de casación. En el caso de los trajes, la ramificación del sumario por la que Francisco Camps está imputado como presunto receptor de sobornos en especie (los trajes), el Alto Tribunal se tomó ocho meses para ordenar la reapertura de diligencias tras el cerrojazo dictado por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV).

Quienes siguen el caso de cerca indicaron que Pedreira no planea limitarse en esta fase de prórroga a realizar los trámites imprescindibles. De hecho, el día 30 interrogará al presidente de Martinsa y a otros dos empresarios bajo sospecha de haber pagado 24,8 millones a Francisco Correa. Al menos uno de esos pagos, de 12,8 millones, está presuntamente vinculado a un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid).

Ayer, y en relación con ese mismo pelotazo, declaró como imputado Juan Fernández Caballero, gerente de la empresa municipal de Arganda que, en 2004, adjudicó una gran bolsa de suelo público a Martinsa en un concurso que las acusaciones creen amañado. Fernández, a quien el juez imputó los delitos de soborno y prevaricación tras un interrogatorio de dos horas y media, se escudó en que siguió el criterio de 'los técnicos'. Su declaración llegó al culmen cuando, pese a la existencia de papeles oficiales, negó que dos empresas privadas hubieran sido las encargadas de evaluar distintos puntos de las ofertas presentadas al concurso.

Una de las empresas evaluadoras fue Plarquin, de la que había sido copropietario Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Fue el dictamen de Plarquin el que inclinó la balanza en favor de Martinsa. Antes de la adjudicación, Luis Bárcenas y el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, alertaron a Aguirre del amaño que se avecinaba. El aviso fue desoído.