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El juez implica en el 'caso Gürtel' al Gobierno de Castilla y León

Pedreira atribuye al actual presidente de las Cortes y ex consejero de Fomento el cobro de tres comisiones cifradas en 57.000 euros. El magistrado se inhibe en favor del TSJ de esa comunidad

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Hasta ahora centrada en Madrid y el País Valencià, la investigación sobre la red Gürtel ha saltado sin aparente vuelta atrás a una tercera comunidad igualmente regida por el PP, Castilla y León, donde el juez principal del caso, el madrileño Antonio Pedreira, observa indicios de soborno y prevaricación. En un auto dictado ayer, Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), se inhibe parcialmente en favor del tribunal homólogo de Castilla y León (TSJCL), dado que el principal receptor de los presuntos pagos ilegales en esa comunidad sería un aforado: José Manuel Fernández Santiago, Toti, presidente de las Cortes regionales, anterior consejero de Fomento y que, según Pedreira, habría recibido 57.000 euros de la trama corrupta.

Pedreira atribuye a Fernández Santiago el cobro de 39.000 euros por la 'adjudicación ilegal' a Teconsa de las obras de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) en 2002. Y lo señala como presunto destinatario de otra comisión de 18.000 euros pagada por Pablo Crespo cuyo origen y fecha no precisa el auto. Asimismo, le imputa un delito de prevaricación, es decir, el de haber adoptado una resolución injusta a sabiendas de que lo era: la adjudicación a Teconsa de un tramo de la variante de Olleros.

Según Pedreira, Fernández Santiago también cometió prevaricación

Según Pedreira, el máximo responsable de la Cámara regional castellano-leonesa incurrió en la modalidad más grave de cohecho (soborno), castigada con hasta seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación. El magistrado no cita las penas de cárcel pero sí los artículos del Código Penal susceptibles de ser aplicados a Fernández Santiago: el 419, relativo al soborno cuando quien lo cobra accede a cambio a realizar una acción ilegal; y el 404, que castiga a los prevaricadores con hasta 12 años de inhabilitación. El delito de cohecho, el más grave de los dos aquí señalados, no prescribe hasta los diez años.

Basándose en tres informes de la Brigada de Blanqueo policial, Pedreira concluye que las obras de la variante de Ollero de la carretera C-626 generaron 'el posible pago de una comisión'.

Y, como ya recalcó la policía en uno de sus primeros informes sobre los indicios en torno a Castilla y León, el juez hace constar que ese pago habría equivalido al 3% del importe de la adjudicación a Teconsa sin IVA. Ese importe total sin IVA, 2.455.000 euros, aparecía anotado de manera manuscrita en un fax hallado en el registro del domicilio de José Luis Izquierdo, supuesto contable de la trama.

La adjudicación de una variante a Teconsa generó los pagos ilegales

El fax había sido enviado desde la Consejería de Fomento de Castilla y León el 5 de diciembre de 2002, seis días después de que Teconsa se hubiera alzado con la adjudicación de la variante. Y, junto a la cifra de 2.455.000 euros, figuraba el equivalente al 3%: 73.650.

Pero, según el juez, el dinero repartido fue superior. Además de Fernández Santiago, habrían cobrado el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas (18.600 euros); el ex diputado por Segovia Jesús Merino (18.600) y el ex eurodiputado Gerardo Galeote (26.400). De esa bolsa de sobornos, el presunto jefe de la red, Francisco Correa, se habría reservado para sí 17.500 euros. Fernández Santiago figuraba en los documentos de la trama identificado como 'TO' o 'T.O.'. Pedreira cree que la investigación ha determinado sin lugar a dudas que esas iniciales hacen alusión al apelativo familiar Toti, como se conoce popularmente a Fernández Santiago.

Salvo Fernández Santiago, y así lo precisa el juez, todos ellos estaban relacionados con la empresa Spinaker 2000, extremo que el auto considera 'relevante' para determinar la identidad de los cobradores de sobornos a quienes la red corrupta identificaba mediante iniciales.

Dos informes de la Intervención destacan la opacidad del expediente

Los informes policiales no son los únicos que sustentan la convicción del juez y su decisión de poner en manos del TSJCL todo lo que afecta a la variante de Olleros. La Intervención General del Estado (IGAE) también emitió dos informes vinculados a la adjudicación de esa obra.

Y, según el auto, esos informes, fechados los pasados 10 de febrero y 22 de noviembre, confirman lo siguiente: 'Que en la tramitación [del contrato de la variante] se ha incurrido en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia'.

A renglón seguido, el magistrado destaca que 'la orden de inicio de ese expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, quien es también el que la adjudica por orden de 29 de noviembre de 2002'.

Este diario intentó ayer recabar la versión de Fernández Santiago o su equipo sobre las imputaciones que formula Pedreira en su auto. Un portavoz del presidente de las Cortes castellano-leonesas anunció que Fernández Santiago no respondería porque se había enterado 'por la prensa'.