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El juez interroga a 57 testigos por su relación con el instituto de Urdangarín

La editora Carmen Balcells no acude por segunda vez a la citación judicial. La ronda de testimonios trata de averiguar la prestación de servicios a Nóos entre 2004 y 2006

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El juez de Palma de Mallorca José Castro ha iniciado este lunes en Barcelona una nueva ronda de interrogatorios a 57 testigos del 'caso Nóos', en el que trata de averiguar cómo se produjo la prestación de servicios por parte de esas personas al instituto sin ánimo de lucro presidido por Iñaki Urdangarín. El duque de Palma y su exsocio, Diego Torres, están imputados por la supuesta captación y desvío de casi 6 millones de euros de fondos públicos de los gobiernos valenciano y balear.

Las declaraciones se retrasaron una hora porque, por segunda vez, no acudió a la cita la editora Carmen Balcells, de 82 años, quien en junio tampoco atendió la citación judicial por un error en la misma. Balcells no declarará ni este lunes ni el martes, dijeron fuentes judiciales.

Las declaraciones de los 57 testigos se desarrollarán entre el lunes y el martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

La nueva ronda de interrogatorios tiene lugar apenas veinte días después de que el fiscal del caso, Pedro Horrach, se desplazara a la capital catalana para tomar declaración a una treintena de proveedores del Instituto Nóos, con el objetivo de indagar si las facturas que presentaron se ajustan a los costes de los convenios que la entidad estableció con los gobiernos de Baleares y Valencia,.

Entre los citados, hay profesionales relacionados con el mundo de la edición y la comunicación, además de empresarios y proveedores que serán interrogados por el juez y las partes sobre su relación con el Instituto Nóos.

El objetivo es dilucidar si las facturas que emitieron por servicios prestados a la fundación se llegaron a facturar y para determinar si cuadran con las cantidades declaradas por el Instituto.

Concretamente, se trataba de facturas que emitieron por servicios prestados que corresponden a costes de los convenios con las administraciones balear y valenciana que permitieron organizar convenciones sobre deporte y turismo --Illes Balears Forum y Valencia Summit-- y proporcionaron presuntamente a Nóos un total de 5,8 millones de euros.

El juez no ha citado finalmente como imputado, por ser aforado, al diputado socialista del Congreso y exsecretario de Estado de Deportes Albert Soler para pedirle explicaciones por un contrato menor suscrito con el Instituto Nóos cuando era director de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

Castro le había llamado a declarar en un auto junto al resto de 58 testigos este lunes y martes en la Ciudad de la Justicia, pero dada su condición de aforado no podrá hacerlo --debería citarlo el Tribunal Supremo--, por lo que de momento no deberá dar explicaciones sobre el pago de 12.000 euros a Nóos a partir del contrato firmado el 27 de octubre de 2004.

El juez ha pedido al presidente del Congreso que certifique la condición de diputado nacional de Soler. Una vez que reciba la contestación, deberá decidir si eleva una exposición razonada al Supremo solicitando su imputación por el alto tribunal, lo que podría suceder antes o después ya que el magistrado ha encontrado indicios de delito en su actuación, según estableció en una resolución antes de conocer su actual condición de aforado.