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El juez investiga si las esposas de Bárcenas y Correa se han acogido a la amnistía fiscal

Requiere a Hacienda las declaraciones especiales, complementarias o sustitutivas presentadas por estas dos mujeres y 19 imputados más desde el año 2003

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado este martes investigar si 21 imputados en el 'caso Gürtel' --entre ellos las esposas de Francisco Correa y de Luis Bárcenas-- se han acogido a la denominada 'amnistía fiscal' o han presentado otro tipo de declaraciones complementarias o sustitutivas a Hacienda referidas a los impuestos correspondientes a los ejercicios entre 2003 y la actualidad.

En un auto, el instructor requiere a Hacienda si se han acogido a la regularización el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, su esposa, Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, el exconsejero de Esperanza Aguirre en Madrid Alberto López Viejo, los exalcaldes de Pozuelo Jesús Sepulveda, Boadilla del Monte, Arturo González Panero, Arganda, Ginéz López, y Majadahonda, Guillermo Ortega (todos del PP), el exdiputado nacional del mismo partido Jesús Merino o los exdiputados madrileños, también del partido conservador, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

En la lista, en la que todos tienen en común estar imputados por uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, figuran además empresarios como José Luis Ulibarri, Fernando Martín, Manuel Salinas o Amando Mayo, la exmujer de González Panero, Elena Villarroya, el exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla, César Martín Morales, y el exconcejal de la misma localidad madrileña José Galeote.

La relación se completa con personas jurídicas, de las que se piden los mismos datos fiscales, el Grupo Begar y U.F.C. 

El juez ha tomado esta iniciativa después de que Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica e imputado en el caso, informase al Juzgado el pasado 4 de diciembre que se había acogido a la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno en marzo de 2012. Ello se produjo después de que la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria pidiese en noviembre, en relación a su caso, librar una comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, de Estados Unidos.

El juez reclama a Hacienda los datos sobre los posibles acogimientos a la amnistía fiscal para verificar si algún imputado lo ha hecho estando incurso, como están todos ellos, en un procedimiento penal precisamente por delitos fiscales --lo que podría invalidar la regularización--.

Por otro lado, el magistrado remite a la Intervención General del Estado documentación aportada por el imputado Fernando Martín --de la constructora Martinsa-- y que fue investigado en la causa por un pelotazo urbanístico en Arganda del Rey (Madrid).