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El juez investiga un fraude con dinero para colegios en Cádiz

La Fiscalía denuncia que una empresa realizó sólo el 20% de los 3,6 millones en obras que le contrataron

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La Fiscalía de Cádiz y la Agencia Tributaria han destapado un supuesto fraude masivo de fondos públicos que deberían haber servido para reforma y mantenimiento de colegios pero acabaron en bolsillos privados. La mecánica del desvío era sencilla. “La empresa cobra dinero por una obra contratada a dedo que no hace o no hace del todo y lo justifica con facturas falsas”, resumen fuentes del caso. El Juzgado de Instrucción 2 ya está investigando si, como sostiene una denuncia de la Fiscalía, se ha producido una malversación que podría superar los 3 millones.

El caso salpica a un antiguo cargo de la Consejería de Educación, Fernando Ameyugo, exgerente en Cádiz del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, organismo que gestiona las obras en los colegios e institutos. Ameyugo, que será citado a declarar como imputado en breve, contrató obras por 3.647.161,17 euros entre 2006 y 2008 con Contratas y Mantenimientos Pacheco SL, según la denuncia de la Fiscalía, informa La voz de Cádiz.

Esta empresa con sede en Rota no habría ejecutado ni un 20% de los trabajos, según recoge la denuncia de la Fiscalía a partir del peritaje de una arquitecta de la Agencia Tributaria. Fuentes de la Delegación de Educación en Cádiz recordaban que el cálculo aún está pendiente de una segunda peritación. Blanca Alcántara, delegada de Educación en Cádiz, declaró este lunes que, según la documentación técnica consultada hasta ahora, las obras contratadas  a esta empresa sí se han realizado.

El caso arranca con una inspección de la Agencia Tributaria que constató que la empresa roteña había defraudado “una cantidad altísima de dinero en concepto de IVA e IRPF”, según fuentes del caso. Pero había más. Los inspectores comprobaron que la firma no tenía en absoluto medios suficientes para realizar los trabajos. La explicación ofrecida era que habían sido subcontratados (gestión irregular que no era notificada a la Junta, según  Educación). La Agencia Tributaria comprobó que las empresas supuestamente subontratadas eran también incapaces de asumir estas tareas y que las facturas aportadas por estas empresas eran en muchas ocasiones defectuosas, incompletas o imprecisas.

Hay 18 empresas investigadas y serán citadas a declarar al menos 11 personas, según La voz de Cádiz. Entre ellas están Ameyugo, el matrimonio a cargo de la empresa roteña y responsables de las subcontratas.

Ameyugo fue relevado de su cargo en otoño de 2010, cuando la investigación ya estaba en marcha pero todavía no había concluido.