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El juez Pedraz viajará a Irak para investigar el 'caso Couso'

El presidente de la Audiencia Nacional insiste en que "el Estado de derecho funciona" a pesar de las revelaciones de Wikileaks sobre jueces y fiscales

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El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, se sumó ayer a la cadena de reacciones a las revelaciones de Wikileaks, en las que se describen las conversaciones mantenidas por varios fiscales con diplomáticos estadounidenses en relación con tres casos de jurisdicción universal: la muerte del cámara José Couso en Bagdad, las torturas de Guantánamo y los vuelos de la CIA en los que se transportaban presos allí.

El mensaje de Juanes fue rotundo: 'La opinión pública tiene que saber que el Estado de derecho está funcionando y no porque lo diga yo, sino porque los casos a los que se refieren los papeles están abiertos'. Los tres procedimientos por los que la embajada en Madrid mostraba interés continúan abiertos.

Pedraz reconstruirá los hechos en el hotel Palestina, donde murió el cámara

Y como muestra, un botón: anunció que el juez Santiago Pedraz viajará a Bagdad 'en los próximos días' para investigar in situ la muerte de Couso, un procedimiento en el que la fiscalía siempre se ha opuesto a la investigación y que sigue abierta, porque el Tribunal Supremo la reabrió hasta en dos ocasiones.

Las diligencias acordadas por Pedraz consisten en hacer un reconocimiento del lugar desde el que el tanque estadounidense disparó contra el hotel Palestina, en el que se alojaba la prensa internacional que cubría la guerra de Irak.

El hermano de Couso anunciará hoy acciones legales contra los fiscales

Juanes, que aseguró que la embajada estadounidense nunca había hablado con él, también afirmó que las normas de reparto de la Audiencia se habían cumplido estrictamente siempre. Se refería, según uno de los cables hechos públicos, a que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, anunció al personal diplomático estadounidense que haría lo posible para que la querella por torturas en Guantánamo no cayera en manos de Baltasar Garzón.

El procedimiento finalmente correspondió al Juzgado Central número 6 y la causa que por estos hechos también instruía el titular del 5 fue recurrida por la fiscalía y está pendiente de que el pleno de la Sala de lo Penal se pronuncie.

Desde fiscalía se insiste en que hay que conocer por completo los cables con los que la embajada en Madrid informaba a su gobierno y que las comunicaciones no dejan de ser las impresiones 'imprecisas' extraídas por funcionarios estadounidenses de conversaciones.

Sin embargo, los abogados personados en las tres causas que afectan a intereses americanos y en las que la fiscalía informaba de su posición a la embajada, pese a no ser parte en los procedimientos (sólo lo son los supuestos autores de los crímenes, aunque sean estadounidenses), no comparten ese criterio.

El hermano de Couso, Javier Couso, dará hoy una rueda de prensa para anunciar las acciones penales posibles a raíz de que se desvelaran los contactos. Su abogado, Enrique Santiago, ha estudiado si el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional cometieron un delito de encubrimiento, por 'supeditarse a una potencia extranjera frente a los intereses de ciudadanos españoles víctimas de delitos graves'.

El hecho de que el personal diplomático no sea parte en un procedimiento y se le informe podría conllevar un delito de revelación de datos del sumario e, incluso, de asesoramiento ilegal, porque en uno de los cables se apunta a que Zaragoza indicó que Estados Unidos podía abrir un procedimiento por las torturas de Guantánamo, lo que neutralizaría los iniciados en España.

Si se entiende que la fiscalía ha cometido algún delito, se denunciará en el juzgado correspondiente. De su responsabilidad disciplinaria, como revelación de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones, se encargaría la Inspección de la Fiscalía General del Estado.

La Asociación Libre de Abogados ha pedido, por otra parte, la dimisión de Conde-Pumpido y de Zaragoza, y que Vicente González-Mota sea apartado del caso de los vuelos.