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El juez pide a Hacienda las declaraciones de IRPF de la infanta y Urdangarin

Reclama la información de los últimos diez ejercicios.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha oficiado a la Agencia Tributaria para que aporte testimonio al caso Nóos de las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como consta en el auto que este jueves ha dictado el juez instructor de la causa. En el auto, el magistrado libra oficio a Hacienda para solicitar esta información que había pedido Manos Limpias como prueba para incorporarla a la investigación.

El juez i Castro subraya en la resolución que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan Carlos tiene 'plena vigencia' de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la encausada. En su nuevo auto,  el magistrado asevera que aunque 'por razones de prudencia' haya sido dejada sin efecto la citación de la Infanta como encausada hasta que la Audiencia Provincial de Palma dirima sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, 'nada impide que se puedan llevar a cabo las diligencias de investigación que se estimen oportunas'.

En la misma resolución judicial, el magistrado ha acordado elevar a la Audiencia Provincial de Baleares los testimonios o copias de la causa solicitados por la Fiscalía y las partes personadas en el procedimiento a fin de que este órgano resuelva el recurso contra la imputación de la hija del rey, para cuya deliberación en vista aún no ha sido fijada fecha. Elevar estos testimonios es un trámite previo al traslado del recurso de la Fiscalía a la Audiencia Provincial, que tendrá lugar en los próximos días, para que decida si debe ser imputada o no y citada para prestar declaración.

Cuando traslade el recurso en el que la Fiscalía pide a la Audiencia que revoque la imputación de la infanta, el juez remitirá también los escritos de adhesión al mismo que presentaron la Abogacía del Estado (acusación particular) y la defensa de la infanta Cristina, así como el de oposición de Manos Limpias. Tanto en el recurso de la Fiscalía como en los escritos aparecen mencionados varios testimonios de imputados y otros documentos que están en el sumario, como informes de la defensa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y algunos correos electrónicos, que deberán ser remitidos a la Audiencia de Palma.

La infanta está imputada en la causa en la que se investigan la malversación de hasta 5,8 millones de euros a través del instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que Urdangarin presidió hasta 2006 y de cuya junta ella era vocal. Cristina de Borbón estaba llamada a comparecer ante el juez de Palma de Mallorca el próximo 27 de abril, pero la declaración fue pospuesta a la espera de que se resuelva el recurso presentado por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de la propia hija del rey, que no están de acuerdo con la imputación al no apreciar indicios de delito contra la infanta.

El juez argumenta que la duquesa de Palma, de 47 años, tuvo que dar su consentimiento para que apareciera su nombre, tratamiento y cargo en una fundación que desvió presuntamente fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006. Urdangarin está acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y delito contra la Hacienda pública.

En el auto, ademas, el juez da por recibida también la solicitud del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, el PSPV-PSOE, de personarse como acusación particular en esta causa, una petición sobre la que deberá decidir próximamente.  El grupo socialista ha registrado esta mañana el escrito en el juzgado de Instrucción número 3, en el que pide personarse como acusación particular colectiva, y si no es aceptada esta solicitud, como acusación popular. Los concejales del PSPV-PSOE se consideran 'agraviados o perjudicados' por varios de los presuntos delitos contra las Administraciones Públicas que se investigan en esta causa y piden ser parte en la causa 'como representantes de la soberanía popular y legalmente legitimados para controlar y participar en la gestión del Ayuntamiento de Valencia'.