La salida de la cárcel de los 16 presuntos cabecillas de la red de mafia china acusada de blanquear 1.000 millones de euros en España desde 2009, ha provocado un terremoto en la Audiencia Nacional. El juez instructor, Fernando Andreu, se ha visto forzado a dictar las excarcelaciones después de que tres magistrados de la Sala de lo Penal interpretasen que rebasó con los sospechosos el límite máximo de 72 horas de detención que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Otros jueces de la misma Sala, por el contrario, opinan en privado que podía haberse censurado el error de Andreu en la prolongación de las detenciones, pero al mismo tiempo manteniendo en la cárcel a Gao Ping y sus colaboradores. Hubiese sido una salida menos onerosa para la justicia, según entienden, para concluir preguntándose qué hubiese pasado si el beneficiado hubiese sido el máximo jefe de ETA.

Por su parte, los amantes de las teorías conspirativas --que en algunas ocasiones aciertan-- ponen detrás de lo sucedido a presiones de China, que envió esta semana a Madrid a una embajada de representantes a reunirse con autoridades españolas. Lo cierto es que el incidente deja tocado al juez más famoso de la Audiencia desde la expulsión de la carrera de Garzón, que actualmente instruye también la querella contra Rodrigo Rato y el resto de exgestores de Bankia.

Las mismas fuentes creen que la posición de Andreu podría empeorar notablemente si alguno de los excarcelados aprovechase para fugarse, incumpliendo la obligación que les ha fijado de comparecer a diario --incluidos sábados y domingos-- en la Audiencia Nacional para prevenir que traten de sustraerse a la acción de la justicia, para lo cual les ha retirado además el pasaporte.

De momento, el Consejo General del Poder Judicial ha recibido una queja del abogado de Ping, Emilio Eirenova, por irregularidades en la actuación del juez. El Servicio de Inspección de tribunales está investigando el caso.

La operación fue calificada desde la propia Audiencia Nacional como la mayor operación contra la delincuencia organizada desarrollada en España --con un centenar de ordenes de detención y otros tantos registros--, y como ejemplo de coordinación entre el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial. Se encargaron de contar los detalles a la prensa, el pasado 16 de octubre, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, en una rueda de prensa conjunta, multitudinaria y sin precedentes.

Un mes y diez días después, el brillante operativo antimafia ha quedado seriamente tocado por la decisión de la Audiencia de cuestionar la actuación del instructor, en concreto al estimar que vulneró el derecho a la libertad de Gao Ping y otros 15 presuntos cabecillas de la trama, al estirar más allá de las 72 horas legales su periodo de detención antes de acordar si les enviaba a la cárcel o les liberaba.

La decisión ni siquiera se acordó en el caso concreto de Ping, sino de otro imputado, Kay Yang, acusado como su supuesto jefe de graves delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros. Pero desde el 22 de noviembre, día en que se pronunció la Sala, se sabía que en el mismo caso estaban otros 15 detenidos, incluidos Gao Ping y su esposa.

El meollo de la cuestión es que el juez instructor, Fernando Andreu, dictó las ordenes de detención el 15 de octubre, la mayoría de ellas se practicaron el 16, y los mandamientos de prisión incondicional a los principales cabecillas se dictaron el 20. Desde el momento de  la detención al de dictarse prisión habrían transcurrido no los tres días legales (72 horas) sino cuatro.

Sin embargo, el juez instructor sigue insistiendo en que obró correctamente porque hasta el día 18 no debió empezar a correr el contador de las 72 horas de detención, ya que hasta entonces fueron arrestos policiales, y fue a partir del día 18 cuando él prorrogó esas detenciones, lo que le habilitaba para dictar las prisiones el día 20. Además, argumentó que en los momentos iniciales los arrestados debían acompañar a la Policía en los registros, y subrayó el elevado número de detenciones efectuadas.

Un cierto galimatías no compartido por tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal, con Alfonso Guevara como ponente, que destacó que las detenciones fueron judiciales y no policiales desde el principio, por lo que el tiempo máximo inamovible era de 72 horas, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, de quien cita dos sentencias. La vulneración del derecho a la libertad de los detendios obligaba a su puesta en libertad y no poder a ponerles una medida de privación de libertad.

Otros jueces de la misma Sala de lo Penal no opinan como Guevara, y creen que una salida hubiese sido revocar el auto de prórroga de la libertad del 18 de octubre, pero manteniendo el de prisión del 20,  evitando así la salida de la cárcel de presuntos delincuentes peligrosos.

Un veterano magistrado de la Audiencia, José Ricardo de Prada, adscrito al sector judicial progresista como el propio Andreu, ha movido ficha reclamando que sea el Pleno de la Sala de lo Penal el que discuta el asunto y aclare el criterio general, aunque sea a posteriori. El presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska, está pendiente de que le contesten el resto de magistrados de la Sala (hasta 18) para decidir si acepta la petición de De Prada.

De momento, Andreu ha sido respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió sin éxito los autos de la Sección Tercera que ordenaron las excarcelaciones.

La Policía, por su parte, muestra malestar por haberse ido parcialmente al traste una operación de cuatro años, que había arrojado excelentes resultados en principio. La postura más extendida entre los agentes que desarrollaron la operación es el apoyo al juez Andreu, de quien valoran la labor de coordinación en una operacion tan compleja, según fuentes policiales. Aunque voces aisladas comparten que el juez cometió un error intolerable y que deben serle exigidas responsabilidades por ello.