El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido seguir el criterio de la fiscalía y antes de admitir o rechazar las querellas presentadas por la muerte del español Baby Hamday Buyema en los incidentes producidos durante el desmantelamiento del Campamento Dignidad, en El Aaiún quiere saber si Marruecos ha abierto alguna investigación sobre lo sucedido.

La pregunta no es baladí, porque si las autoridades marroquíes responden afirmativamente, previsiblemente el magistrado optará por no admitir a trámite las querellas presentadas por la Liga Española Pro Derechos Humanos y un hermano de la víctima.

La rebaja de la jurisdicción universal aprobada por el Parlamento supone un obstáculo para la investigación en España del crimen denunciado, aunque el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que la investigación abierta en el lugar donde sucedieron los hechos debe ser 'efectiva'.

El ministro es un querellado

Esta circunstancia en el caso de Marruecos será cuando menos cuestionable, ya que uno de los querellados es el ministro de Interior marroquí, Taïeb Cherkaoui, quien anunció la apertura de las pesquisas el pasado día 16, cuando se reunió con el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En su informe, la fiscalía abogaba por el envío de una comisión rogatoria a Marruecos para aclarar este extremo, como requisito previo a la admisión de la querella. No obstante, consideraba que los hechos descritos en las querellas 'podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad'.

Señalaba que 'la operación policial, al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir el Campamento Dignidad, sin que se aprecien otras motivaciones' y en ese asentamiento residía un 'colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico'.

La Liga Española Pro Derechos Humanos discrepó de la posición fiscal y en un comunicado asegura que los hechos no se han producido en Marruecos, sino en un territorio que ocupó ilegalmente, por lo que sus tribunales no tienen jurisdicción para investigar la muerte del español.