Publicado: 22.10.2015 17:31 |Actualizado: 22.10.2015 17:31

El juez reduce de 29 a 7 las empresas de Sevilla investigadas por los cursos

La decisión del juzgado se ha adoptado tras la petición que ha hecho la Fiscalía de Sevilla, que ha pedido dividir el caso en siete piezas, una por cada empresa investigada por ofrecer cursos de formación a parados con fondos públicos.

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Oficina de empleo de la Junta de Andalucía. EFE

Oficina de empleo de la Junta de Andalucía. EFE

SEVILLA.- El juzgado de instrucción 16 de Sevilla ha reducido de 29 a siete las empresas de la provincia investigadas por ofrecer cursos de formación a parados con fondos públicos debido a que el resto de compañías percibieron ayudas por debajo de 120.000 euros, el límite para fijar un fraude en subvenciones.

La decisión del juzgado se ha adoptado tras la petición que ha hecho la Fiscalía de Sevilla, que ha pedido dividir el caso en siete piezas, una por cada empresa investigada, más otra pieza referida al procedimiento empleado por la Junta de Andalucía para conceder las subvenciones, han informado fuentes judiciales.



Las siete empresas que serán investigadas, en las que se detectaron irregularidades en la contratación o facturación falsa, recibieron en total 1.547.000 euros de la Junta de Andalucía, la que más 310.000 euros y la que menos 162.000, mientras que las empresas aeronáuticas del exconsejero andaluz Ángel Ojeda recibieron 239.000 euros.

La investigación se baja a siete empresas porque las ayudas que recibieron fueron de más de 120.000 euros, cantidad en la que la ley fija el límite para atribuir un delito de fraude de subvenciones, han añadido las fuentes.

En un principio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía extendió la investigación a 29 empresas, detuvo a 46 personas e imputó a siete más en la operación Edu.

La Policía, que entregó al juez un atestado de 51 tomos con cerca de 13.000 folios sobre los cursos, extendió las imputaciones a 53 personas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.

"La persecución de las infracciones administrativas en las que se pueden encuadrar a algunas de las empresas investigadas se ha de realizar por los organismos administrativos correctores en aplicación del principio de intervención mínimo, rector del Derecho Penal", precisa el auto del juez en el que reduce las empresas investigadas.