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El juez Ruz pregunta al fiscal si debe imputar a Bush por Guantánamo

El magistrado impulsa la causa abierta por Garzón antes de que este fuera suspendido

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El juez Pablo Ruz se ha tomado su tiempo. Y se lo ha dado a las autoridades de Estados Unidos y de Gran Bretaña para que informen de si en cualquiera de esos países hay algún procedimiento abierto por las torturas y vejaciones sufridas por los cuatro expresos de Guantánamo que denunciaron en la Audiencia Nacional el trato recibido mientras estuvieron bajo custodia estadounidense en la base militar. Pero 'el silencio o demora en contestar', señala el magistrado, no puede 'conllevar una paralización' de 'las obligaciones jurisdiccionales' que le corresponden.

De ahí que ayer procediera a reactivar una causa iniciada por el juez Baltasar Garzón y que prácticamente no se había movido desde que este fue suspendido cautelarmente de funciones. Lo hace en un auto de 19 páginas en el que reafirma la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo sucedido, concreta los delitos que en su opinión se han cometido (torturas y crímenes de guerra) y pide al fiscal que se pronuncie sobre 'las personas contra quienes entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos objeto de investigación'.

Las querellas también se dirigen contra Rumsfeld y Cheney

Las querellas presentadas en la Audiencia Nacional por Abdul Latif Al Banna, Omar Deghayes, Hamed Abderrahman Ahmad y Lahcen Ikassrien, así como varias asociaciones de derechos humanos, se dirigen contra el expresidente de Estados Unidos George W. Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, el que era comandante en jefe de Guantánamo cuando sucedieron los hechos, el general Michael Lehner, y el entonces responsable en la base de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia, el general Geoffrey Miller.

Por eso, aunque el juez entiende que no procede notificar a ninguno de ellos las querellas interpuestas por la Asociación Prodignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, sí que es necesario que el fiscal se pronuncie sobre la responsabilidad que cada uno de ellos, o cualquier otra persona, pudo tener en 'los padecimientos sufridos' por los cuatro expresos querellantes durante el tiempo que estuvieron retenidos en Guantánamo.

Ordena exámenes médicos para los dos expresos que viven en España

Las diligencias solicitadas por las acusaciones que sí acuerda el juez se encaminan a determinar las torturas que sufrieron y las secuelas que a día de hoy padecen. Así, ordena un examen médico forense del ceutí Hamed Abderrahman Ahmed y de Lahcen Ikassrien, así como requerir a El País para que, en colaboración con la Administración de Justicia, informe al Juzgado de la documentación de que dispone sobre los expresos que presentaron las querellas.

Con esa información, el juez decidirá si debe tomar declaración como testigos a los brigadier general del Ejército de Estados Unidos Jay W. Hood, Mitchel R. Leclaire y James T. Payne, cuya imputación había solicitado una de las acusaciones al aparecer implicados con las torturas realizadas en la base naval ubicada en la isla de Cuba. También ordena la traducción de un informe de la organización Human Rights Watch y pregunta al fiscal si considera que debe tomarse declaración a su autor.

Además, vuelve a insistir en las comisiones rogatorias cursadas en mayo de 2009 por el juez Garzón a Estados Unidos y Gran Bretaña, pese a que ya se reiteraron en agosto y octubre de ese mismo año y en enero y septiembre de 2011. El magistrado justifica la insistencia en que el fiscal así lo ha solicitado.

Reitera las comisiones rogatorias cursadas cinco veces y que no han tenido respuesta

Hasta llegar a las diligencias a practicar o sobre las que se tiene que pronunciar el fiscal, el juez hace un repaso pormenorizado del devenir de la causa. Primero revisa qué delitos serían 'la detención, traslado y situación de los querellantes durante el tiempo de permanencia en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo', en la que fueron internados los detenidos por Estados Unidos en Afganistán, Pakistán o Gambia desde que comenzó la intervención militar en el primero de esos países en 2001. A todos ellos se les negó la condición de prisioneros y se les consideró 'combatientes enemigos ilícitos'.

Ruz entiende que los hechos pueden enmarcarse en los delitos de tortura y contra la integridad moral, así como contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, que es una de las formas en las que se denominan los crímenes de guerra. Admite que, 'conforme a lo hasta ahora actuado', es 'más difícil' su encaje en un delito de lesa humanidad, pese a que así constaba en las resoluciones dictadas por su antecesor en el juzgado.

Para reafirmar la competencia de la Audiencia Nacional a la hora de investigar estos delitos, el magistrado repasa los convenios y tratados internacionales firmados por España, así como el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue reformado para limitar la aplicación en España del principio de justicia universal. Pero, como dijo el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia, al rechazar un recurso presentado por la Fiscalía, en este caso se colma el requisito de conexión relevante con España con Ikassrien y al ser español Hamed Abderrahman Ahmed.

Además, no existe en el país del que son nacionales los presuntos responsables ni en algún tribunal internacional un procedimiento que 'suponga una investigación y una persecución efectiva' de los hechos, por lo que nada impide que se investigue en España el trato que recibieron los prisioneros retenidos en Guantánamo.

Ruz recuerda, además, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a España que, pese a su reforma legislativa, no obstaculizara la persecución d e estos delitos.