La jueza de Lugo que investiga la operación Campeón dio ayer un viraje político al caso al enviar al Tribunal Supremo, un día antes del inicio de la campaña electoral, sus acusaciones contra José Blanco, ministro portavoz del Gobierno y candidato socialista al Congreso precisamente por la circunscripción lucense. La magistrada, que atribuye a Blanco un delito de tráfico de influencias, ha decidido pisar el acelerador sin dictar previamente una providencia o auto susceptible de recurso por parte de la Fiscalía, en lo que las fuentes consultadas consideran una actuación 'insólita'.

Hay un segundo elemento inusual: la juez Estela San José ha acudido al Alto Tribunal cuando estaba a la espera de un relevante informe pericial sobre la voluminosa documentación incautada a las empresas implicadas en la trama y sobre la aportada por el empresario Jorge Dorribo, a quien se considera elemento central en la red que captó ayudas ilegales de la Xunta de Galicia bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo (PP). Dorribo sostiene que pagó 400.000 euros para que Blanco hiciese gestiones en su favor ante Hacienda y el Ministerio de Sanidad.

La jueza no informó de forma previa al fiscal del envio del caso al Supremo

Asistido por el letrado Ignacio Peláez, impulsor del juicio a Garzón por las escuchas del caso Gürtel, Dorribo ha ido deslizando una serie de datos para redondear su versión. Por ejemplo, que se citó con Blanco en una gasolinera antes de acudir a un almuerzo en el que ambos participaron. O que un primo político del ministro, Manuel Bran, operó como intermediario al endosar facturas infladas y ficticias a las empresas de Dorribo.

Por todo eso, el informe pericial, que literalmente está barriendo la contabilidad almacenada por las sociedades de la red así como sus cuentas bancarias y los pagos para comprobar si hubo o no falseamiento, se perfila como una pieza clave. ¿Para qué? Para dilucidar si las acusaciones del empresario poseen visos de veracidad o, por el contrario, son por completo falsas como remacha Blanco. Ayer, el ministro se limitó a proclamar de nuevo su inocencia, a señalar que no tiene comunicación oficial de lo que ha hecho la jueza y a subrayar que espera que este paso desbloquee 'una situación de absoluta indefensión'. 'Reitero afirmó Blanco en rueda de prensa en Lugo que las imputaciones publicadas, en lo que a mí se refiere, son una pura falsedad, como estoy en condiciones de demostrar ante quien sea'.

Las fuentes consultadas por Público aseguran que, hace tres semanas, la jueza ya pidió al fiscal del caso un informe de competencia a la vista de que, en su declaración judicial, Dorribo había señalado a Blanco como destinatario final de los sobornos. La respuesta del fiscal puede resumirse así: que, al gozar Blanco de aforamiento ante el Supremo, la competencia correspondería en efecto al Alto Tribunal de sustanciarse los indicios contra el ministro. Pero el Ministerio Público avisó de que la instrucción se encontraba en espera del crucial informe antes mencionado. El fiscal recordó igualmente a la jueza que el Supremo, al igual que los tribunales superiores autonómicos, aplican la doctrina de no emprender en época electoral actuaciones que afecten a políticos. Pese a tener esa respuesta en la mano, la jueza optó por dirigir al Supremo sus actuaciones en lo relativo a Blanco.

El análisis contable, aún en elaboración, será clave para resolver el caso

La información recabada por este diario indica que la magistrada incorpora a su exposición razonada al Supremo una especie de relato de hechos dirigido por un tribunal a otro las declaraciones judiciales de Dorribo inculpatorias para Blanco y pinchazos telefónicos de implicados en el caso que hablan sobre gestiones encargadas a Blanco en favor del empresario gallego y sus socios formales u oficiosos. Por definición, el delito de tráfico de influencias es más volátil y susceptible de interpretación que el de cohecho (soborno), donde el dinero deja rastro.

Con el paso dado ayer por la jueza, se desvía el eje de lo que comenzó como un gran caso de corrupción nucleado en torno al PP gallego, uno de cuyos diputados autonómicos, Pablo Cobián, se vio forzado a dimitir hace semanas mientras que otro destacado dirigente histórico del partido, Francisco Cacharro, expresidente de la Diputación de Lugo, aparece como socio de Dorribo en su buque insignia empresarial, Laboratorios Nupel. Nupel fue subvencionada con 992.000 euros a finales de 2010 por la Xunta de Galicia, que luego le concedió un crédito del Banco Europeo de Inversiones por 2,9 millones. Dorribo, que finalmente no cobró el dinero al ingresar en mayo en prisión, se había reunido con Feijóo dos meses antes de obtener la primera ayuda.

La estrategia de la jueza complica más la campaña del PSOE, a quien el PP exige ya la dimisión de Blanco, sin visos de cesar en el ataque. Y coloca al Supremo en una situación diabólica: si el Ministerio Público recoge el hilo del fiscal lucense del caso, arguye que la instrucción está aún verde y que debe regresar, por tanto, al juzgado de Estela San José, el partido de Rajoy encontrará la ocasión propicia para renovar sus diatribas contra el fiscal general.

De hecho, el estratega jurídico del PP y exministro de Defensa, Federico Trillo, ya arrancó ayer con ese argumentario. Cándido Conde Pumpido, dijo Trillo a través de un comunicado, 'no debe interferir, una vez más, en la admisión a trámite del caso y debe ser la Sala la que decida'. También la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, entró en escena para definir como 'insostenible' la situación de Blanco y exigir que se vaya.