Los plazos de la Justicia son siempre más lentos de lo deseable y para las víctimas de un delito se hacen eternos. Es lo que sienten las familias de los militares muertos en el accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía. Y eso que ahora el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza ha iniciado el trámite para ejecutar la sentencia por la que la compañía propietaria del avión siniestrado, Ukranian Mediterranian Airways (UM Air), y la contratista Chapman Freeborn GMBH deben indemnizarlas con un total de 6,7 millones de euros.

En un auto y un decreto, la magistrada Pilar Rubio Velasco da el primer paso para que se cumpla la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de marzo de 2010, que se vio confirmada en apelación hace casi un año, el 22 de noviembre del año pasado. En ella se condenaba a ambas empresas a indemnizar con 6.119.500 euros a los familiares de 59 de los 62 militares españoles fallecidos en Trabzon (Turquía).

En el auto, la magistrada ordena la ejecución de 5.126.574 millones de euros más 1.537.972 euros, fijados provisionalmente en concepto de intereses que puedan producirse durante la tramitación ahora iniciada.

Ambas compañías disponen de cinco días para presentar una relación de sus propiedades y derechos, con los que tendrán que hacer frente a las cantidades necesarias para cumplir la sentencia dictada por la vía civil. La información debe incluir también los inmuebles de que dispongan, así como las personas que los ocupen.

Ambas entidades son advertidas de que pueden incurrir en un delito de desobediencia si no presentan la relación de bienes reclamada. La resolución anuncia que se procederá al embargo hasta cubrir la indemnización a la que están obligados.

Más de ocho años después del accidente, todavía no han sido indemnizados. Pero lo que indigna a los familiares de los militares fallecidos es la petición de indulto de los dos capitanes médicos condenados por la identificación falsa de los cuerpos.

El presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, Miguel Ángel Sencianes, lamentó ayer que el Gobierno no lo haya rechazado aún y se quejó del retraso del juicio por las irregularidades detectadas en la contratación del Yak-42, que sigue en instrucción. El martes compareció en la Audiencia Nacional un teniente coronel que, pese a las quejas recibidas por los aparatos, aseguró que su labor se reducía a controlar las facturas.