El ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena (PSOE) ofreció a un empresario en 2005 “poder concursar en varios proyectos de VPO, que le serían otorgados en su día”, según declaró el propio emprendedor a la policía el pasado 8 de febrero. Mercedes Ayala, la jueza que instruye el caso Mercasevilla de corrupción, ha ordenado que se investigue “todo lo relacionado” con este asunto. El empresario añadió que mantuvo cuatro reuniones con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), en las que este le manifestó su “desconocimiento de las anomalías y quedó en hablar con Marchena para aclarar la situación”.

La oferta, según declaró Antonio Pardal, dueño de Larena 98, llegó después de que llevara a los tribunales a Mercasevilla por incumplir el contrato que habían firmado en 2003, en virtud del cual Larena obtenía el derecho a explotar 48.000 metros cuadrados en los terrenos de Mercasevilla a cambio de una fianza de 400.000 euros y un canon de 59.000 euros al mes. La jueza quiere saber también el destino de esa fianza, que Mercasevilla no depositó en la cuenta acordada, según Pardal.

Mantenimiento de las calles

Ante la imposibilidad de explotar los terrenos por los incumplimientos de los gestores del mercado público, Pardal dejó de pagar el canon –abonó en total 352.000 euros–. Entonces, siempre según su relato, al que la jueza da credibilidad, comenzó a recibir presiones de los directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, para que rescindiera el contrato.

Le llegaron a ofrecer “la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla” e, incluso, un director general de la Junta, una estación de ITV, según dijo. Luego, llegó la oferta de Marchena, estrecho colaborador del alcalde, y actual consejero delegado de la empresa pública que gestiona el agua en Sevilla. También “un tal Marín” (José Marín, ex del PSOE, está condenado por falsificar facturas) le pidió que patrocinase un club de hockey sobre patines, al que donó unos 30.000 euros.

La empresa Sando compró finalmente los derechos de Larena por un millón de euros antes de que el caso llegase a juicio. Sando compró luego los suelos de Mercasevilla por 106 millones, cuando existía una oferta del grupo Noga superior en 52 millones. La juez sospecha que la venta estaba amañada.