Habrá que conocer lo que ya puede empezar a llamarse la ley Montoro, a través de la cual, según anticipó ayer el ministro de Hacienda, se exigirá responsabilidades penales a los gestores públicos aparentemente por el delito de incumplir el objetivo de déficit. Tiene toda la pinta de una operación de propaganda, lo que no niega que se pueda aprobar esa modificación legal. ¿Por qué? Es que en su explicación, el ministro ha ejemplificado esos delitos como falsedades contables y ocultar facturas en un cajón.

Un debate anticipado sobre la criminalización de este tipo de incumplimientos ya tuvo lugar en otoño en Asturias, a raíz de la propuesta, propagandística, del Gobierno que preside Francisco Álvarez Cascos, de inha-bilitar a su predecesor, Vicente Álvarez Areces, por la desviación del déficit. La idea surgió tras la aprobación en agosto de la reforma constitucional urgente que ha limitado el déficit (iniciativa aprobada por Alemania en 2009, a ejemplo de Suiza).

Esta criminalización evoca, grosso modo, la reintroducción del llamado juicio de cuentas de las cortes de Toledo, en la Edad Media, institución que tuviera extensión con Carlos V bajo la influencia del sistema financiero de los Países Bajos (¿No ha sido Artur Mas, por cierto, quien ha explicado estos días al diario Financial Times el deseo catalán de ser la Holanda de la periferia, perdón, del Sur?).

Pero, claro, Montoro vende lo que podríamos llamar un juicio penal de cuentas, porque toda la experiencia administrativa española sobre control se canalizaba hasta ahora a través del Tribunal de Cuentas.

Según Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, no hay lagunas en el derecho sobre cómo encarar temas como el incumplimiento del déficit. Porque las infracciones, algunas como las que ha citado ayer Montoro, están previstas, en los tres ámbitos de responsabilidad: la contable, la penal y la política. Hasta ahora el PP proponía modificar el Código Penal cada vez que surgía un acontecimiento judicial de gran repercusión social, endureciendo las penas como solución mágica. Ahora se trataría, siempre a expensas de lo que la ley Montoro vaya a traer, claro, de aplicar el Código Penal al funcionamiento del sistema capitalista.

¿No sería mejor hacer un diagnóstico acertado de la crisis? Es lo que ha sugerido el analista de Standard & Poors, ¡un alemán!, llamado Moritz Kraemer: 'Creemos que el diagnóstico que los políticos hacen sobre la crisis reconoce sólo parcialmente el origen de la crisis, al centrarse en la austeridad fiscal. El diagnóstico más acertado hubiera sido el de dar más peso a los crecientes desequilibrios en la eurozona en términos de posiciones de financiamiento exterior, posiciones de la cuenta corriente, mucho de lo cual se basa en tendencias divergentes de competitividad'.

El economista norteamericano Irving Fischer explicó en 1933 la expansión de las deudas. 'El sobreendeudamiento es simplemente que las deudas están fuera de línea, son demasiado grandes en relación con otros factores económicos. Puede empezar por muchas causas, de las cuales la más común es la aparición de nuevas oportunidades de inversión con la perspectiva de un gran beneficio El dinero fácil es la gran causa del sobreendeudamiento'. La Policía y los jueces no pueden resolver este problema. Y el primero que lo sabe es Montoro.