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Junta de Andalucía Susana Díaz fulmina a 12 de los 15 miembros del órgano que vigila las leyes de su Gobierno

La presidenta renueva de golpe y sin consensuar con la oposición el Consejo Consultivo de Andalucía, y rompe la regla que mantuvieron sus predecesores durante años para despolitizar una institución a la que la Junta está obligada a consultar cada norma antes de aprobarla

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Susana Díaz, hace unos días en Málaga. EFE/Daniel Pérez

El Gobierno de Susana Díaz ha renovado por sorpresa a la práctica totalidad de los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano independiente al que la Junta está obligada a consultar cada ley, decreto o norma que redacta antes de aprobarla. Los dictámenes del Consultivo no son vinculantes, pero comprometen políticamente al Ejecutivo andaluz, porque velan por el cumplimiento de las normas andaluzas al ordenamiento jurídico. El repentino cese de 12 de los 15 consejeros de este órgano ha dejado boquiabiertos a muchos, porque hasta ahora los presidentes andaluces siempre habían consensuado con la oposición los nombramientos del Consultivo, para garantizar así una mayor neutralidad e independencia del poder Ejecutivo. Díaz ha roto de golpe con esa regla no escrita para despolitizar los órganos de control al Gobierno, desatando una ola de indignación en PP, Podemos e IU, que la acusan de “sectarismo”.

La renovación de los miembros del Consultivo llega poco después de que este órgano emitiera un durísimo dictamen contrario al proyecto de ley de Formación Profesional, “el más importante de la legislatura”, en palabras de la Junta. El borrador de la futura ley integral FP se presentó por primera vez en 2014 y, después de tres años en un cajón, regresó al Consejo de Gobierno el año pasado sin apenas cambios, pero con tantos tachones y críticas del Consejo Consultivo que la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, reconoció que aún tardarían otros tres años en poner en marcha la ley (no entrará en vigor hasta 2020). Seis años para aprobar una ley ambiciosa que pretende abrir puentes entre la formación reglada y la ocupacional con el doble objetivo de reducir la tasa de paro y de fracaso escolar, de las más altas del país.

El Ejecutivo de Susana Díaz desvincula los ceses de los 12 consejeros del Consultivo del último varapalo de esta norma, porque entiende que la función de este órgano es, precisamente, “mejorar las leyes que prepara la Junta y asegurarse de que se ajustan a derecho”. Pero sí ha admitido que la renovación de sus miembros se ha hecho “sin consensuar con los partidos de la oposición, como era habitual”, rompiendo así con una tradición en la política andaluza que data de hace muchos años. La ley otorga competencias exclusivas a la Junta para elegir a los miembros del Consejo Consultivo, pero los presidentes anteriores -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- siempre pactaron un reparto de nombres a propuesta de los grupos de la oposición (PP e IU) para dotar de mayor autonomía a dicha institución.

El PP denuncia que el cese de Gutiérrez es político y acusa a la presidenta de comportarse como “Susana Díaz Kirchner”

Susana Díaz ha roto por sorpresa con esa regla no escrita, sacando fuera a uno de los miembros propuestos por el PP (el catedrático Francisco Gutiérrez) para meter a la senadora del PSOE y exconsejera de la Presidencia, Mar Moreno, que tendrá que abandonar la Cámara Alta para ocupar un puesto en el Consultivo que requiere exclusividad absoluta. El PP denuncia que el cese de Gutiérrez es político y acusa a la presidenta de comportarse como “Susana Díaz Kirchner”, en referencia a la presidenta peronista de Argentina. Francisco Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide, ha desempeñado una labor muy crítica con las normativas impulsadas por el Ejecutivo andaluz, a menudo con una opinión contraria al del resto de miembros del Consultivo. De hecho, acababa de presentar un voto particular contrario al decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno que habilita a la Junta para elegir a los peritos judiciales en los tribunales andaluces.

La renovación de los miembros del Consultivo llevaba pendiente más de un año, la mayoría de sus miembros habían excedido su segundo mandato y no podían renovar un tercero porque la ley lo impide. La institución tiene 15 miembros: el presidente, la secretaría general, cuatro consejeros electos, otros cinco consejeros con dedicación exclusiva y cuatro consejeros natos. De los 15, sólo podían renovar en el cargo tres, de los cuales, la Junta ha renovado a dos afines al PSOE -la exconsejera de Justicia, Begoña Álvarez, y Ana Cañizares, catedrática en Derecho Civil en la Universidad de Málaga- y ha fulminado a Gutiérrez, que se ha enterado de su cese poco antes de que lo anunciara la Junta.

“Represalia” por citar a Díaz en los ERE

La decisión de renovar de golpe el Consultivo sin pactar un solo nombre con la oposición ha sido mal recibida por el resto de grupos. PP, Podemos e IU han acusado a Díaz de “sectarismo” y de violentar un órgano “que debería ser más independiente”. Ciudadanos, socio del PSOE, no ha querido elevar el tono, a pesar de que lleva meses quejándose de la parálisis en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, como el Consejo de Administración de la RTVA o la Cámara de Cuentas, donde aún no están representados los partidos que entraron en el Parlamento hace tres años: Podemos y C’s. La formación naranja cree que Díaz debiera haber consultado o pactado con el resto de grupos, pero no está de acuerdo con que el debate se centre en si los partidos deben tener o no a un miembro leal en el Consultivo.

La denuncia del PP ha sido más dura aún. Sostienen que la renovación es “un acto de represalia” contra ellos porque sus abogados, personados en la pieza política de los ERE, acaban de pedir al tribunal que cite a declarar en calidad de testigo a la presidenta Susana Díaz. Pero el Gobierno andaluz se toma a broma esta insinuación y afirma que la elección de los 12 nombres nuevos del Consultivo no se ha hecho en la última semana, sino que llevan meses contactando con los elegidos. Los nombramientos se realizan entre profesionales de prestigio en el campo del Derecho con una experiencia superior a los diez años, y se nombran por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez.

La Junta niega criterios políticos a la hora de elegir a los nuevos miembros del Consultivo

La Junta niega criterios políticos a la hora de elegir a los nuevos miembros del Consultivo, de hecho, advierte de que la lista incluye el nombre de una persona ligada al PP: Eva Blanco, ex secretaria general de la Subdelegación del Gobierno central en Granada, vicesecretaria de este mismo organismo y subdelegada del Gobierno en funciones.

También se ha nombrado como miembro nato del pleno al presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Rafael López Cantal, que sustituye a Antonio Moreno Andrade. Para la Comisión Permanente, que tiene la obligación de reunirse semanalmente, han sido designados el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, la senadora socialista Mar Moreno, la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén María Jesús Gallardo Castillo y el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Huelva Juan Gorelli Hernández. A estos miembros (además de la reelección de Begoña Álvarez) se suma el ex presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, que mantiene su mandato al haber sido nombrado en septiembre de 2014.

En cuanto al Pleno, los nuevos consejeros son José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez, Soledad López Fernández, Eva Blanco Argente del Castillo, Ana Cañizares Laso, Joaquín Cifuentes Díaz y Ana Cañizares Laso (reelegida). La composición del Consejo Consultivo se completa con los cinco consejeros natos: la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz; el Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Jesús Jiménez López; el Director General de Administración Local, Juan Manuel Fernández Ortega; el representante de los Colegios de Abogados de Andalucía, Vicente Oya Amate, y el de las Academias de Legislación y Jurisprudencia, Rafael López Cantal.