El Gobierno andaluz desconoce por el momento cuánto dinero fue desviado con la presunta colaboración del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, expulsado del PSOE, a las cuentas de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Administración autonómica. 'No somos jueces. No podemos determinar la cuantía. Es aún pronto para saberlo. Seremos absolutamente contundentes para reclamarlo', dijo ayer la consejera de Presidencia, María del Mar Moreno.

La Consejería de Empleo está en el proceso de cotejar las pólizas suscritas con las aseguradoras con los expedientes visados por la Inspección de Trabajo. Fruto de ese estudio, del que la Junta ha hecho públicos hasta ahora los datos de 32 ERE en otras tantas empresas, han aparecido 39 falsos prejubilados en 14 de ellas. El problema para conocer en este momento la cifra exacta de la estafa es que la casuística en el fraude es amplia.

Por un lado, está el falso prejubilado en sentido estricto, que sería el caso de Antonio Garrido Santoyo, miembro del PSOE de Jaén, que fue incluido en el ERE de Mercasevilla de 2007 y le fueron adjudicados 78.703 euros sin haber trabajado jamás allí. Por otro, estarían casos como el de María José Rosa Aparicio, que fue contratada en Río Grande dos meses antes de cumplir los 65 años, e incluida en el ERE de 2005, por lo que percibiría unos 150.000 euros, según la Policía. 'Igual ni siquiera se han materializado los pagos. Eso corresponde a los tribunales', sostuvo Moreno hace una semana para ilustrar la dificultad de cuantificar el fraude.

En el Senado, el PP arremetió contra el expresidente andaluz Manuel Chaves. 'Casi 700 millones destinados a paliar el paro de los andaluces se han dirigido a pagar jubilaciones en empresas públicas en las que nunca antes habían trabajado. Y ahora vemos que esas personas beneficiadas son amigos, familias, cargos relacionados con el PSOE', le azuzó la conservadora Beatriz Escudero. El hoy vicepresidente tercero del Gobierno respondió indignado: 'Cuando ha dicho que se han dedicado 600 millones de euros a amiguetes del PSOE está mintiendo, difamando, calumniando'. 'Esa cantidad se dirigió a empresas en crisis que salvaron miles de puestos de trabajo', agregó. Más de 6.000 personas cobran ahora prejubilaciones en Andalucía. Por el momento, sólo están confirmados 39 casos de fraude.

La Policía sostiene que el sistema elegido por la Junta para la distribución de esos 700 millones es ilegal. El Instituto de Fomento de Andalucía, dependiente de Empleo, efectuaba el pago de las ayudas a los prejubilados en virtud de un convenio firmado en 2001 con la propia consejería. Los agentes consideran que ese convenio debió estar avalado por el gabinete jurídico de la Junta.

¿Existe ese informe que certificaría la legalidad en el reparto de las ayudas? 'El visto bueno de los servicios jurídicos puede acabar con un informe, pero cuando no implica a terceros, como es el caso [el convenio se firma entre Empleo y un ente dependiente de esa consejería] no es necesario que exista. No necesariamente se da por escrito. Estoy convencida de que se dio el visto bueno', respondió ayer la consejera Moreno.

Acusa que algo queda

El Gobierno andaluz de José Antonio Griñán respaldó ayer a Ramón Díaz, el dirigente del PSOE acusado por el PP que tomará hoy posesión de su acta de diputado autonómico, y se comprometió a 'perseguir contundentemente a los aprovechados' de los ERE. 'El PP está mintiendo mucho en todo este asunto y está en la estrategia de acusa que algo queda', dijo la consejera de Presidencia.

El exasesor se defiende

Ramón Díaz, que fue asesor laboral de la Consejería de Empleo entre octubre de 2005 y noviembre de 2009, salió ayer al paso de las insinuaciones del Partido Popular contra él y aseguró que no ha tenido nada que ver con ningún expediente irregular.

Falaz manipulación

'Nadie puede demostrar que mi firma esté vinculada a ningún procedimiento irregular y, si alguna persona intenta vincularme, estará intentando una burda y falaz manipulación de los hechos', aseguró Díaz.