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La justicia andaluza permite a los colegios segregar y cobrar de la Junta

Suspende la orden de la Consejería de Educación para que siete colegios mezclaran a niños y niñas para no perder la subvención

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Desafiaron la ley, fueron a los tribunales y la Justicia, por ahora, les da la razón. Los siete colegios concertados de Sevilla, en su mayoría vinculados al Opus Dei, que aún segregan por sexo en el aula podrán seguir haciéndolo sin que la Junta de Andalucía les retire la subvención a partir del próximo curso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de manera cautelar la orden en la que la Consejería de Educación incluye la admisión de niños y niñas en el mismo aula como requisito para renovar los conciertos económicos. Los colegios afectados ni aceptan este requisito ni quieren quedarse sin dinero público y han decidido librar la batalla en los tribunales.

Victoriano Valpuesta, uno de los tres magistrados (los otros son Eloy Méndez y Guillermo del Pino) que firman el auto, ya había parado el primer intento de evitar la separación por sexos, iniciado hace diez años. Entonces, el Altair, uno de los centros a los que el TSJA protege ahora, recurrió otra orden de la Junta que prohibía la segregación en la escuela y ganó el pulso en 2006: Valpuesta, integrante de la llamada sala vaticana del TSJA que también permitió la objeción a Educación para la Ciudadanía, la tumbó.

La Junta inició el segundo movimiento tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que prohíbe la discriminación por sexos. “En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, reza el artículo 84.3. También existe una sentencia del Tribunal Supremo (TS), ante un recurso de Castilla-La Mancha, que autoriza a las comunidades autónomas a negar a dinero público a los centros segregadores. “El sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación más de la competencia sobre la admisión de alumnos que corresponde a la administración que financia los centros [la Junta]”, dice el Supremo.

En virtud de esa sentencia, Catalunya, Galicia –antes de la llegada al poder del PP– o Cantabria se plantearon la retirada de las subvenciones a estos colegios, cuya cifra supera el medio centenar en toda España. De hecho, Cantabria ya ha denegado el concierto a su único colegio formado íntegramente por chicos. Catalunya lo resolvió de otra manera. El pacto educativo, que derivó en la Ley de Educación, permitió a los colegios segregadores continuar con su actividad, pero impidió la creación de nuevos centros de este tipo. ICV no votó la norma por ello.

La vía catalana

La vía catalana es la que sugiere a la Junta uno de los recurrentes, Rafael Caamaño, secretario general de CECE, la patronal de los colegios concertados. “El auto nos da tranquilidad para seguir hablando y nos da tiempo para negociar”, afirmó ayer a Público. Caamaño agregó que la LOE marca un criterio de prioridad, nunca de exclusión, para quien mezcle niños y niñas en los conciertos con la Administración frente a quien los separe.

La consejera de Educación, María del Mar Moreno, siempre ha estado abierta a negociar y, fruto de esa actitud, prorrogó un curso más el plazo para que estos centros se convirtiesen en mixtos. “Queremos avanzar de forma razonable, no radical”, dijo Moreno en una entrevista reciente con este diario.

En Andalucía, hay otros cinco colegios que segregan, pero la decisión sobre si podrán seguir cobrando no la tomará Valpuesta, sino otros magistrados del TSJA. Hasta ayer, aún no habían decidido qué hacer.