Más de 1,8 millones de ciudadanos accedieron el año pasado en España a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, de los que unos 64.000 correspondieron a casos de violencia de género, según el IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, que presentó ayer el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.

La cifra correspondiente al año pasado supuso un aumento del 28% respecto a 2008. El principal motivo alegado por las organizaciones de letrados fue la crisis económica. En este sentido, la asistencia por motivos laborales tuvo un gran protagonismo.

El aumento de 2009 se redujo en los nueve primeros meses de 2010. En Madrid, el número de solicitudes de abogados de oficio cayó un 6,24%, arrastrado fundamentalmente por el área de extranjería.

En el caso del servicio de guardia, el único que cuenta con el desglose de extranjería, el descenso entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, respecto al mismo periodo del año pasado fue del 31%, al pasar de los 30.574 casos a los 21.267. La falta de llegadas de inmigrantes a los aeropuestos y costas españolas estaría detrás de este frenazo. En total, el servicio de 24 horas redujo sus servicios un 13,6%.

Esta tendencia reducirá este año el presupuesto dedicado a Justicia Gratuita, que el año pasado representó el 7,4% de los presupuestos totales del Ministerio de Justicia (también incluye a las comunidades autónomas y al Consejo General del Poder Judicial).

A pesar del aumento de la actividad del Turno de Oficio en 2009, el gasto fue inferior. En los cuatro años previos, había oscilado entre el 6,4% de los presupuestos de 2008 y el 6,7% en 2005.

El actual modelo español cuenta con unos '38.000 abogados, con una media de edad de 41 años y 13,5 años de experiencia profesional', destaca el Observatorio de Justicia Gratuita CGAE-La Ley, que firma el informe.

A principios de año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, criticó el acceso a la Justicia Gratuita en los juicios rápidos y por parte de los inmigrantes. A pesar de ser un derecho recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, Aguirre anunció que promovería recortes.

Más tarde, el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matizó sus palabras y acotó el tijeretazo a tres supuestos. En primer lugar, para aquellos extranjeros que no puedan justificar que carecen de dinero para pagar a un letrado.

El recorte del servicio también afectaría a quienes hubiesen sido expulsados a su país de origen: hay que evitar que los abogados recurran 'de manera permanente', aunque el foráneo ya haya regresado, aseguró Granados. Las asociaciones y el Colegio de Abogados de Madrid criticaron esta iniciativa por considerarla discriminatoria. En ocasiones, los tribunales han ordenado readmitir en España a inmigrantes ya expulsados o, incluso, a apearles del avión en el que iban a ser expulsados.

Sobre este punto, el Observatorio de Justicia Gratuita CGAE-La Ley recomienda en el informe 'garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras tanto en los procedimientos administrativos de alejamiento del territorio español como en los procedimientos judiciales de cualquier orden jurisdiccional y con independencia de su situación administrativa'.

Por último, Granados puso en el centro de la diana los juicios rápidos, en los que aseguró que muchos clientes contratan a un abogado de oficio a pesar de tener dinero para costearse uno propio.