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La justicia gratuita, en peligro

Letrados del turno de oficio, en pie de guerra contra los recortes de la Comunidad, pretenden colapsar los juzgados mediante la renuncia a las guardias que tenían programadas en octubre y noviembre

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Los abogados del turno de oficio de Madrid están en pie de guerra contra los recortes del Ejecutivo de Ignacio González. A los retrasos en el cobro de las minutas y el descenso del 20% de los baremos impuesto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, se ha sumado el impago del trabajo realizado cuando al justiciable le deniega o archiva la solicitud de justicia gratuita algo que, según aseguran, ocurre en hasta el 80% de los casos, pues las personas a las que asisten suelen estar en situaciones de 'gran marginalidad' y la mayoría no llega siquiera a presentar la documentación. Hasta la entrada en vigor de esta medida, los litigios eran abonados en todos los casos. Además, la mayoría de estos letrados, para sortear la demora en los abonos de los trabajos que realizan, optan por cobrar mediante confirming, un sistema de gestión de pagos por el que las entidades financieras adelantan estas minutas a cambio de un tipo de interés que ronda el 5%.  

Público ha hablado con seis de los 410 letrados que ya han renunciado a las guardias que tenían programadas para octubre y noviembre en Madrid. Su objetivo es paralizar la Administración de Justicia y obligar al Gobierno regional a sentarse a negociar para garantizar la 'viabilidad' del turno de oficio. Por ahora, el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ya ha accedido a reunirse con el Colegio de Abogados de Madrid, aunque aseguró el pasado martes que la renuncia a las guardias todavía estaba siendo 'relativamente moderada'. Sin embargo, los letrados insisten en que si movilización va a más, los juzgados pueden llegar a una situación de colapso. Y aseguran que la ley les ayuda a guardar un as en la manga con el que presionar al Ejecutivo regional: si un detenido sin recursos pasa 72 horas sin poder haber recibido asistencia letrada gratuita, debe ser dejado en libertad por el juez.

Sergio Feijóo lleva nueve años trabajando como letrado en el turno de oficio en Madrid. Antes lo hizo en Vigo, en los noventa. De esa época recuerda cómo, en comparación, sus condiciones eran 'mejores'. 'Antes hasta nos daban un móvil para poder llamar, ahora corremos con absolutamente todos los gastos', señala. Aunque compatibiliza este trabajo con su despacho, alrededor del 50% de sus ingresos provienen de sus actividades como letrado del turno de oficio. 'Lo de que el cobro esté condicionado a que personas en condiciones muy precarias presenten hasta diez documentos para que se les acepte la justicia gratuita es injusto', señala. Asimismo, Feijóo dice sentirse irritado por las declaraciones 'prepotentes' de algunos políticos. 'Si la Comunidad no cumple, que tampoco exija', señala este letrado al que, según asegura, el Ejecutivo de González le debe 'cerca de 6.000 euros'.

 'Estoy muy cansado de trabajar gratis. Tengo tres hijos y también tengo que comer'. Jesús González lleva asistiendo como letrado a personas sin recursos económicos 'unos 18 años', prácticamente toda su vida laboral. Asegura que la Comunidad de Madrid le debe 2.500 euros de trabajo certificado. 'En el segundo trimestre tendría que haber cobrado 4.000 euros y sólo cobre 2.100', asegura. Para el próximo trimestre, sus estimaciones tampoco son nada halagüeñas. 'Con la crisis, muchos abogados se han incorporado al turno. Hay que repartir menos casos entre más gente porque ha bajado la delincuencia y se están filtrando más los casos de concesión de justicia gratuita'. Aunque sabe que las medidas de la Comunidad económicamente repercuten a los letrados, González ve en estos ajustes un claro 'retroceso social'. 'No puede haber gente indefensa en los tiempos que corren', asevera.

Mónica Taboada compatibiliza el trabajo en su despacho particular con el turno de oficio desde 2003, pero hasta el 70% de sus ingresos mensuales provienen de proporcionar asistencia letrada a personas sin recursos. Asegura que sólo cobró un tercio de los casos que hizo en el último trimestre. 'Desde el momento que asistimos a un detenido, ese cliente se nos asigna. Después se presenta la solicitud de justicia gratuita. Si se deniega, no cobramos. Así no cubrimos ni los gastos, se te quitan las ganas de seguir', señala. Taboada cree que esta medida de la Comunidad 'maltrata el Estado de Derecho' y acabará repercutiendo en la sociedad. 'Al ciudadano todavía no se le han quitado derechos, porque los abogados de oficio les seguimos atendiendo, pero todo llegará. Ahora somos nosotros los que estamos financiando la justicia gratuita en Madrid'. Esta letrada vaticina también que la bajada de los baremos y estos impagos acabarán mermando la calidad del servicio. 'Se quedarán los abogados más jóvenes y con menos experiencia que estén dispuestos a trabajar gratis', lamenta. 

Lleva cinco años compaginando el turno de oficio con la actividad privada y docente, pero sopesa abandonar la tarea de dar asistencia letrada a personas sin recursos tras la entrada en vigor de las nuevas medidas implantadas por la Comunidad. 'Si esto continúa así, me doy de baja', señala Raúl del Cacho. Recuerda que su trabajo consiste, en muchos casos, en asistir a personas 'en situaciones de marginalidad'. 'No puedes pedirle a esta gente que pase por diez ventanillas a recoger documentación. Y si ellos no lo hacen, nosotros no cobramos', lamenta. Por eso, Del Cacho considera que la Comunidad debería encargarse de gestionar el cobro de la deuda a los justiciables que no presentan la documentación. Este letrado cree que la demora en los pagos y los recortes del Ejecutivo regional acabarán suponiendo un perjuicio a efectos de demora de los procedimientos en el derecho penal porque 'muchos abogados acabarán renunciando' a estos casos. 

Javier Moreno vive fundamentalmente de lo que gana con su trabajo en el turno de oficio, tarea que lleva diez años compatibilizando con otras actividades de carácter privado. Cree que los recortes del 20% de los baremos son 'desproporcionados', aunque considera 'si cabe más grave' que 'no se pague al abogado por el trabajo realizado'. Lo cierto es que las nuevas exigencias administrativas de la Comunidad son muy criticadas por los letrados. 'Tenemos que seguir con el procedimiento aunque al cliente se le haya  denegado la justicia gratuita porque no ha acreditado la insuficiencia de recursos. Nos dicen que no podemos dejarles tirados, pero la Administración si nos deja tirados a nosotros', lamenta Moreno. Este letrado, al que la Comunidad debe alrededor de 4.000 euros por los trabajos que realizó el segundo trimestre de 2012, asegura que no va a quedarse de brazos cruzados: 'Nos nos dejan otra salida que las movilizaciones'. 

A Eugenio Ribón, abogado con 15 años de experiencia en el turno de oficio en Madrid, le preocupa que los nuevos trámites que impone la Comunidad acaben agotando el modelo de justicia gratuita. En su última guardia tuvo que llevar ropa y otros enseres a un justiciable que se encontraba en situación de 'absoluta precariedad'. '¿A esa persona cómo le vas a pedir que recabe una documentación que ya obra en poder de la Administración?', se pregunta. Y pone un ejemplo con el que evidencia la situación en la que se encuentran los letrados que asisten a personas sin recursos: 'Es como si a un médico, después de haber operado, le dicen que no va a cobrar ese día porque el paciente no tiene derecho a tarjeta sanitaria'. Por eso, Ribón, que reconoce que tras este oficio existe una 'intensa vocación de servicio público', cree que la situación ya comienza a ser 'insostenible'. 'No es que se cobre poco, es que nos cuesta dinero asistir a los clientes', concluye.