El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid va a ser investigado por la Justicia. Después de que el Grupo Socialista denunciara “manipulaciones” en el documento que ordena el urbanismo de la ciudad, ahora el fiscal jefe de la Audiencia Provincial vallisoletana ha pedido al juzgado que investigue “variaciones irregulares” en el texto.

A juicio del fiscal, “los hechos denunciados son alteraciones subrepticias en el texto de la modificación del PGOU de Valladolid realizadas entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre de 2003, en beneficio de ciertas personas y en perjuicio del Ayuntamiento”.  

Esta iniciativa judicial se produce por la denuncia interpuesta por el PSOE al juzgar que había “al menos una veintena de divergencias entre lo aprobado en el pleno municipal en marzo de 2003 y lo publicado en febrero de 2004”.

Para el PSOE, las diferencias suponían profundas modificaciones que “propician la legalidad de actuaciones” que el pleno “no habría permitido”. Destacan incrementos de edificabilidad, facilidades para descatalogar inmuebles protegidos o cambios en la autorización para realizar intervenciones en edificios catalogados.

El fiscal jefe de la Audiencia de Valladolid pide que declaren como testigos el alcalde, Javier León de la Riva; el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, y en calidad de imputado, el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca.

El regidor contestó al PSOE. Hasta ahora había negado irregularidades. Este lunes dijo que se corregirán “simples errores”.

1. PSOE: hay 'manipulación' // El PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid denunció ante la Fiscalía la existencia de 67 artículos que se habían “manipulado” entre el documento que se presentó ante la Junta y el que se aprobó de forma definitiva. Las respuestas continuas del alcalde, Javier León de la Riva, y del consejero de Fomento, Antonio Silván, restaban importancia a la denuncia y a las supuestas anomalías.

2. PP: el 85% “carece de base” // Un informe que dio a conocer ayer De la Riva revelaba que “el 85% de la denuncia del PSOE carece de base”: en 33 de los artículos no existen discordancias; en 25 los cambios se produjeron en una comisión refundidora y sólo en nueve se reconoce que se debe de corregir alguno de sus extremos.