El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acudió ayer al Congreso esgrimiendo las tres comisiones rogatorias que ha enviado su departamento desde 2004 a Estados Unidos y una cuarta, a Irak, con el objeto de reclamar la colaboración de las autoridades estadounidenses en la muerte del cámara José Couso, el 8 de abril de 2003 en Bagdad. Todas ellas son las peticiones de ayuda internacional cursadas por el instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que Justicia tramitó, como, al menos, debería ocurrir siempre con estas peticiones judiciales.

Las comisiones rogatorias la última del pasado mes de noviembre y la carta con la que el ministro de Exteriores en 2004, Miguel Ángel Moratinos, reclamó a Estados Unidos información sobre la muerte, 'para esclarecer completamente las circunstancias' que la rodearon, fueron los argumentos con los que Caamañorespondió a la pregunta que le formuló el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera. El diputado nacionalista reclamó una comisión de investigación en la Cámara Baja, petición que ya ha sido presentada, pero que no se debatirá hasta el próximo año.

Pese a que el ministro tenía previsto reunirse esta tarde con la familia del cámara, el encuentro se produjo finalmente entre los abogados que ejercen la acusación en el procedimiento, Enrique Santiago y Leopoldo Torres, y la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Aurora Mejía, y el director de Gabinete de Caamaño.

Tras los pertinentes reproches por el plante que la familia de Couso había hecho al ministro, los abogados desgranaron una serie de peticiones a los responsables de Justicia con las que se garantizaría la colaboración del Gobierno en la investigación abierta.

Entre ellas figura la exigencia al Ejecutivo de que fuerce a Interpol a incluir en su lista de reclamados a los tres militares procesados por Pedraz como autores del disparo que impactócontra el hotel Palestina, en el que se alojaba la prensa internacional que cubría la guerra de Irak.

Los representantes ministeriales aseguraron que el organismo de cooperación policial entre países es competencia de Interior y que ignoraban si se había hecho alguna gestión al respecto. Público informó en octubre del veto y de que Interpol había admitido que Estados Unidos se oponía a la inclusión de las órdenes.

No obstante, la directora general señaló que el representante de España en Eurojust había logrado que el organismo exigiera a Estados Unidos la entrega de la información personal de los militares que reclama el juez Santiago Pedraz para poder incluirles de alguna forma en las listas de reclamados de la policía de todo el mundo.

Otra de las reclamaciones de los letrados se centró en que la fiscalía deje de obstaculizar la investigación a través de recursos. Los representantes de Justicia aseguraron que el ministerio público es un órgano independiente sobre el que el Gobierno no ejerce ninguna presión.