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La ley pone condiciones al aborto antes de los 18 años y protege a los médicos objetores

Dudas sobre la nueva Ley del aborto

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Dudas sobre la nueva Ley del aborto.

Si pretende hacerlo antes de las 14 semanas de gestación, no. La ley establece que en cuanto una mujer acuda a un centro con la intención de abortar se le debe entregar un sobre con información sobre las diferentes técnicas de aborto y las ayudas que la Administración da para fomentar los embarazos. Desde el momento en que reciba esta información, tendrá 72 horas para reflexionar sobre su intención de interrumpir su embarazo. Desde las 14 semanas hasta las 22, la norma establece un sistema de supuestos. Es decir, sólo se podrá interrumpir un embarazo si seguir con la gestación supone un grave peligro para la mujer o para el feto. Un médico especialista deberá acreditar que esto es así.

Su función es determinar (a partir de la semana 22 y en un máximo de diez días) si el feto sufre una 'enfermedad incurable', la única causa que permite abortar a partir de las 22 semanas de gestación. Cada comunidad autónoma tiene que contar con, al menos, un comité clínico designado.

La ley introduce la interrupción voluntaria del embarazo en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS). Eso significa que el aborto debe ser gratuito, al margen de que se practique en un hospital público o en una clínica privada. El Gobierno estableció además que las clínicas que se acrediten para realizar abortos deben cumplir una serie de requisitos, como tener una sala totalmente adecuada para practicar abortos quirúrgicos. Hasta ahora, el 98% de estas intervenciones se han hecho en centros privados. Las autonomías deben informar al Ministerio de Sanidad de los centros que han acreditado y concertado, y deben establecer cómo se realizará el pago de la intervención, si se le reembolsará a la mujer o bien se pagará directamente a la clínica.

Las menores no podrán abortar salvo que sus padres o representantes legales las acompañen a la clínica a hacerlo. Sólo hay una excepción: los casos en los que la joven alegue que informar a sus padres puede suponer un conflicto familiar grave. En ese caso, la chica deberá firmar una declaración que lo certifique y el médico podrá además solicitar a un trabajador social o a un psicólogo que verifique la veracidad de su versión.

Sí. Y su negativa no quedará registrada en ningún archivo. El PNV, que fue clave para aprobar la ley en el Congreso, condicionó su apoyo a la norma a la inclusión de esta cláusula. No obstante, el reglamento aún no la ha desarrollado.