La asociación de abogados 'Ius et Fides' ha presentado este lunes el primer recurso de amparo de inconstitucionalidad directo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La norma ha tardado 3 horas en ser recurrida después de su entrada en vigor este lunes y tras la apertura del registro del tribunal.

La letrada Monserrat Suárez, candidata a decana del Colegio de Abogados de Madrid, ha sido la encargada de entregar el recurso al Alto Tribunal en la mañana de este lunes. 'Este es el primer recurso de inconstitucionalidad que se presenta en España contra la Ley de Tasas', ha declarado ante los medios de comunicación a la salida del Tribunal Constitucional.

Después de presentar este recurso, la letrada se ha personado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para recurrir la disposición que fue publicada en el BOE el pasado viernes, por la cual se aprobada el formulario de autoliquidación para la tasa. 'Ahora mismo, teniendo razón, pero no teniendo dinero, no podemos tener amparo judicial', ha subrayado.

'Tras la publicación el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la disposición por la cual se aprueba el formulario de autoliquidación, hoy sería el primer día donde el contribuyente, donde el ciudadano español tiene que pagar esta injusta tasa para acceder a la Justicia', ha señalado Suárez.

Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) ha elaborado un modelo de decreto para que, ante la presentación de una demanda que no acompañe el justificante de pago de la tasa judicial, el juez o magistrado plantee directamente una cuestión de inconstitucionalidad.

En un comunicado, el Sisej anima a los secretarios judiciales a utilizar masivamente de este modelo de resolución y a remitir al sindicato iniciativas y propuestas que contribuyan a luchar contra los efectos de la aplicación de las tasas judiciales.

El Sisej expresa su oposición a la Ley de Tasas Judiciales por las consecuencias que traerá para la ciudadanía y para el servicio público de la Justicia.

Los secretarios judiciales señalan que no pueden aplicar de forma 'neutral' una ley 'injusta y de dudosa constitucionalidad' en la actual 'situación de involución que experimentan la justicia, los servicios públicos y los derechos ciudadanos' en un contexto de grave crisis económica.