Dos años después de que el guardia civil Jaime M. S. matase a su novia en el cuartel de Cambados (Pontevedra).

El asesinato ocurrió el 16 de diciembre de 2007, cuando la víctima acudió al cuartel de Cambados para denunciar a su ex pareja, que trató de disuadirla para que no presentase la demanda. Como no logró convencer a la mujer, el agente subió a su vivienda a buscar el arma reglamentaria, con la que disparó a la víctima en presencia de varios testigos.

El agente fue detenido e ingresó en prisión. Al no celebrarse el juicio en estos dos años, la jueza de instrucción solicitó en diciembre pasado la prórroga de la prisión preventiva. Pero lo hizo un día tarde. El abogado de la defensa aprovechó esta circunstancia para recurrir la decisión judicial. La Audiencia de Pontevedra admitió a trámite el recurso al considerar que para dictar la prórroga de la prisión provisional, se ha de contabilizar la fecha desde el momento en que se produce el arresto del acusado. Así las cosas, la Audiencia dictó sentencia firme, lo que permitió a Jaime M. S. salir hoy en libertad provisional sin fianza.

Tras conocer esta decisión, el abogado de la familia de la víctima reclamó medidas cautelares y de protección para sus clientes. El letrado argumentó que el guardia civil no dispone en este momento de trabajo, ni de bienes, ni de domicilio, por lo que 'no tendría nada que perder en el caso de fugarse para evadir la acción de la Justicia'. El abogado también criticó que no se le hayan implantado al imputado otras medidas cautelares, como la instalación de un sistema de localización permanente.

En parecidos términos se expresó hoy el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Aladro, quien hizo hincapié en que 'persiste el riesgo de fuga'. 'Existe riesgo porque la pena que se prevé por un delito es notoriamente alta', apuntó Aladro. Y anunció que solicitará la conclusión del proceso de instrucción al entender que el caso 'está bastante claro' y no hay nada más que investigar.

Tras la petición de la Fiscalía, la jueza instructora se reunió con la defensa y la acusación, tras lo que determinó que el acusado al que se le ha impuesto una orden de alejamiento y se le ha retirado el pasaporte deba presentarse a diario en el juzgado. Los familiares de la víctima, por su parte, estudian la posibilidad de denunciar el caso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por si se ha cometido alguna negligencia. La defensa de la familia insiste en que 'existían argumentos jurídicos más que suficientes, tanto por la alarma social como por el evidente riesgo de fuga del acusado', para mantenerlo en prisión.