Los tres abogados a los que el Ministerio del Interior y el juez Fernando Grande-Marlaska acusaron en abril de liderar la estructura con la que ETA intenta controlar a sus presos recuperarán la libertad abonando una fianza de 60.000 euros cada uno. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional no contradice ninguna de las graves acusaciones que llevaron a los abogados a prisión, pero estima que el tiempo que ha transcurrido desde su encarcelamiento 'minimiza' el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

La decisión judicial causó ayer un fuerte malestar en las fuerzas de seguridad, que conceden una importancia radical a la operación contra el subaparato H-Alboka, al que supuestamente pertenecían Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi. Mantienen que los tres eran piezas clave en el afán de ETA por cortar al disidencia creciente entre el colectivo de presos.

De paso, las detenciones favorecieron al sector posibilista que lidera Arnaldo Otegi, como acreditó la documentación que escondían los abogados, incluida el acta de una reunión de enero entre el EPPK, el órgano de ETA en las cárceles, y Batasuna, en la que se valoró la posibilidad de expulsar a Otegi por 'la disidencia mostrada'.

Al cierre de esta edición, Zulueta ya había reunido el dinero y se disponía a abandonar la prisión. Desde abril, Interior ha evitado que tuviera contacto con otras reclusas de ETA, primero encerrándola en Cáceres y desde hace un mes en Málaga, cárceles en las que ha sido la única mujer del colectivo.

En su caso, la Sala entiende que el arraigo social y laboral, así como 'lo avanzado de la investigación', rebaja el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. El ministerio fiscal se había opuesto por escrito a la puesta en libertad, pero en la vista oral su representante, Luis Barroso, admitió que las circunstancias eran diferentes, según el auto. El teniente fiscal de la Audiencia, Fernando Burgos, se reunirá hoy con Barroso para informarse de lo sucedido y decidir si cabe recurrir en súplica o solicitar que se incrementen las medidas cautelares dictadas: prohibición de salir de España y comparecer semanalmente en el juzgado, informa Ángeles Vázquez.

Los mismos argumentos utilizan los jueces con Enparantza y añaden que su libertad, atendiendo a su profesión de abogado, favorecería sus 'adecuada defensa'. En el caso del ex futbolista de la Real Sociedad Iker Sarriegi, los jueces valoran que su entorno 'compromete por él su palabra'. De su padre, alegó la defensa y recoge el auto, se dice que es una 'persona muy querida y apreciada en Donostia, pues ha pertenecido más de 38 años' a la Real Sociedad. Ahora, añade, regenta 'una pescadería de gran popularidad en la parte vieja de la ciudad'.

El presidente de la Sala es Alfonso Guevara. Junto al fiscal Barroso y al abogado de Enparantza, Zigor Reizabal, protagonizó una bronca la semana pasada en un juicio por kale borroka. El letrado dejó el juicio entre los gritos del juez. La defensa se quejaba de que Barroso les había ofrecido un acuerdo sin consultar a sus jefes.