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El lío de la esposa kamikaze del general

La detención de la mujer de un militar por conducir en sentido contrario provoca un conflicto en Canarias entre Policía y Guardia Civil. El jefe de este cuerpo en las islas exige sancionar al agente que arrestó a la infractora, ya

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Un general del ejército y otro de la Guardia Civil que son amigos. La esposa del primero que conduce por una autovía en sentido contrario para ir a comprar un champú de oferta. Y un policía que evita el accidente y que, por insistir en que se cumpla la ley y se detenga a la kamikaze, ve cómo el alto responsable del instituto armado pide por carta una sanción para él. Parecen los personajes de una película de Berlanga y, sin embargo, son los protagonistas de un suceso real que ha provocado un conflicto entre los máximos responsables en las islas Canarias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que ha servido para llenar en los últimos días páginas y páginas de la prensa local.

El incidente que ha provocado todo este lío berlanguiano se produjo el pasado 25 de junio en Las Palmas. Aquel día, María Esther Vaquero, de 57 años y esposa del general del Ejército de Tierra Francisco Martín Alonso, abandonaba el centro educativo donde impartía clases para dirigirse a un supermercado donde, aseguró, pretendía comprar "desmaquillante, champú y mascarilla del pelo" de la marca blanca del establecimiento. En su declaración ante la juez, a la que ha tenido acceso Público, la mujer afirmó que una compañera de trabajo le dio las indicaciones para llegar al centro comercial ya que ella, pese a llevar dos años viviendo en la isla, desconocía dónde estaba.

Pese a las instrucciones, la mujer entró por "un despiste" en los carriles de dirección contraria de la autovía que debía llevarle hasta el supermercado. Por ellos condujo más de un kilómetro hasta que se encontró frente a frente con dos vehículos que circulaban correctamente. Uno de los vehículos, conducido por el inspector de policía Eduardo B., tuvo que dar un volantazo para evitar la colisión frontal. El segundo conductor, Santiago H., se vio obligado a echarse a un lado con su automóvil. Metros después, la mujer detenía la marcha, daba un giro de 180 grados e intentaba continuar como si nada la marcha en el sentido correcto. Los dos automovilistas con los que casi colisiona le cortaron el paso.

Militares y guardias civiles intentaron zanjar el caso con una simple multa

Se iniciaba así la parte más rocambolesca del lío. El policía implicado en el incidente telefoneó para que se personaran en el lugar tanto la policía como la Guardia Civil. La mujer, a su marido. En pocos minutos estaban en el lugar de los hechos dos policías que interrogaron a los testigos, dos guardias civiles que insistían en que aquellos dejaran el asunto en sus manos para resolverlo con una simple multa y un teniente coronel, subordinado del marido de la mujer, que intentaba zanjar el asunto con "un error lo tiene cualquiera".

El inspector, sin embargo, insistió en que lo que aquella mujer había cometido era un delito contra la seguridad vial. Sus compañeros detuvieron entonces a la esposa del general y la trasladaron a comisaría. Allí, la centralita recibió en pocos minutos más de una veintena de llamadas telefónicas interesándose por la mujer y cómo resolver su situación. Incluso se personaron dos oficiales de la Guardia Civil que exigían ser ellos los que tramitaran el caso bajo el argumento de que las cuestiones de tráfico eran cosa suya. El inspector jefe ha asegurado que, incluso, cuando abandonó la comisaría fue increpado por media docena de personas.

Arrestar a la mujer de un general es "innecesario", según el abogado de esta

A los tres días, María Esther fue condenada en un juicio rápido a cuatro meses de prisión y un año sin carné de conducir tras aceptar en la vista la comisión del delito. Sin embargo, la sentencia no puso final al lío. Días después, el general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez García, entraba en escena y remitía a la jefa superior de Policía en las islas, Concepción de Vega, una carta con membrete oficial en el que exigía a su "estimada amiga" que tomase "las medidas apropiadas" contra su subordinado bajo la sutil amenaza de romper relaciones entre ambos cuerpos policiales. Y el abogado de la mujer se querellaba contra el agente por detención ilegal al considerar "innecesario" detener a "la esposa de un general".

Mientras, sus superiores y compañeros ha mostrado su total apoyo al inspector jefe. Su sindicato, el SPP, ha puesto a su equipo jurídico para defender a su afiliado. Otras dos organizaciones, el también policial SUP y la AUGC, integrada por guardias civiles, han pedido en un comunicado la cabeza del general del Instituto armado que escribió la carta. Él, por su parte, insiste en que sólo hizo lo que debía, por muchos galones que llevase el consorte de la kamikaze.