Reparten latas, venden flores o cargan bombonas de butano. Regentan colmados y despachan shawarmas. Trabajan a horas inverosímiles. Son parte del paisaje de Ciutat Vella, el céntrico distrito de Barcelona. A este retrato robot le falta un solo matiz: los paquistaníes están desconcertados en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo islamista.

En España viven más de 46.000 paquistaníes, la mitad en Barcelona. La mayoría se congregan en torno a las callejuelas del Raval y fue allí donde la Guardia Civil detuvo hoy hace un año a 14 personas por querer atentar en el metro. La comunidad sigue a la expectativa de un proceso en el que hay diez imputados, nueve de nacionalidad paquistaní. Muchos están convencidos de la inocencia de los detenidos, otros aprueban la actuación policial; todos coinciden en que perjudicó su imagen. El cónsul general de Pakistán en Barcelona, Ayaz Hussain, explica su preocupación: 'La operación dañó nuestra imagen, pero además hizo que muchos dejaran de creer en las autoridades. Cada día cuesta más convencerles de que crean en la Justicia, por eso pedimos que el juicio sea cuanto antes'.

Entre los que defienden la operación policial está el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Paquistaníes, Afzaal Ahmed, que recuerda que 'la Policía vela por la seguridad de los ciudadanos, hicieron bien. Si son culpables o inocentes lo dirá el juez'.

Javed Ilyas, de la Associació de Treballadors Pakistanesos, recuerda otro caso: 'De los 11 detenidos que supuestamente querían atentar en la Torre Mapfre, seis fueron absueltos después de tres años de cárcel, y las condenas fueron por falsificación o tráfico de drogas'. Este dirigente también recuerda el comando Dixán, donde los 23 imputados iniciales se vieron reducidos a seis. Eso explica muchos recelos.

'Conocíamos muy bien a algunos de los detenidos y cuesta creer, por ejemplo, el caso del pastelero que después de 30 años se pone a hacer bombas', dice Javid Mughal, editor de una revista. Que no se encontraran pruebas no ayudó a la credibilidad de la Policía. Al respecto se expresa Khalid Shahbaz, presidente de Pak Català: 'Cuando hay una alarma, la Policía debe actuar. Pero en este caso sólo hubo un testigo protegido que dijo que iban a atentar'.

El discurso radical de la corriente tabligh está muy presente en Catalunya. Jordi Moreres, especialista en el islam, recuerda que este movimiento proselitista 'no tiene vinculación política'. Este experto afirma que la preocupación policial respecto a este movimiento se debe a la sospecha de que varios terroristas llevaron a cabo actividades bajo el paraguas del tabligh, que hace pocos años estaba bien visto por la Policía y daba gran libertad de movimientos.

A las dudas respecto al tabligh, que seguían todos los detenidos del 19-E, se une la dificultad para luchar contra el terrorismo yihadista, en que la frontera entre radicalización religiosa y la acción es muy difícil de detectar, y más aún de demostrar en un juicio.

No es extraño que los lateros, los repartidores de butano, los comerciantes, los camareros y hasta los repartidores de rosas sigan mirando con recelo a los agentes de Mossos dEsquadra o Guàrdia Urbana. 'Cualquier día nos pueden detener y fabricar pruebas que nos culpabilicen', dice Huma Jamshed, presidenta de la Asociación de Mujeres Pakistaníes.

Aamir Sial, de Musulmán Catalán, resume la paradoja que vive el colectivo: 'Las detenciones están muy bien si evitan un atentado. Pero si no, sólo sirven para destruir nuestra imagen y las relaciones entre comunidades'.