La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha cuestionado la puesta en marcha de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo ya que, siete meses después de su entrada en vigor, 'existen 17 leyes de aborto diferentes', una por cada comunidad. Según ha asegurado el presidente de esta entidad, Santiago Barambio, 'se están produciendo las diferencias territoriales que precisamente se querían evitar' con esta norma, ya que el posterior desarrollo de la misma ha dado a los gobiernos autonómicos 'libertad de movimientos' y, al mismo tiempo, 'escaso margen de maniobra' al Ministerio de Sanidad.

De este modo, destacan Andalucía o Asturias como las comunidades donde 'mejor se está cumpliendo' la normativa, permitiendo a las mujeres de estas comunidades 'acceder de manera sencilla, ágil, íntima y con garantías' a esta prestación. En cambio, según ha añadido la vicepresidenta de ACAI, Francisca García, en otras comunidades como Catalunya, Madrid y algunas provincias de Castilla y León el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es 'lenta, burocrática y desigual', lo que 'pone en riesgo la intimidad de estas mujeres y la gratuidad de la prestación'. Precisamente con respecto a la forma de pago, García ha lamentado que Cantabria y Catalunya son 'las únicas comunidades donde la mujer se está pagando su aborto' por adelantado, si bien en la comunidad catalana 'todavía no se ha producido ninguna devolución'.

En otras comunidades se establece una carta de pago o un sistema de facturación directa de la clínica a la Consejería, aunque se trata de una medida que está 'asfixiando' a algunos centros acreditados ya que 'a veces se paga con una demora de hasta un año'.

Del mismo modo, la duración del proceso desde la solicitud de la prestación a la realización del aborto también varía de unas comunidades a otras.

Así, mientras en la Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia o País Vasco no dura más de una semana, en otras como Catalunya o Madrid se 'alarga hasta dos o tres semanas', en las que la mujer sufre un 'periplo vital y médico' que lleva a muchas a renunciar, o al menos, a 'desistir de practicar el aborto por la pública'. También se alarga el proceso en las mujeres de La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, que deben acudir a otra comunidad a realizarlo, o en León, que 'por causas administrativas' deben ser atendidas en Madrid 'si quieren que la prestación se financie públicamente'.

ACAI ha detectado 'confusiones' con respecto a la definición del proceso de gestación o incumplimientos en la codificación de los datos personales de las mujeres que demandan una interrupción voluntaria del embarazo y en los centros que están practicando dicha prestación. En este sentido, Barambio ha informado de que 'en Catalunya se están empezando a hacer abortos farmacológicos en Atención Primaria', cuando son centros que no están autorizados a ofrecer esta opción.

'¿Qué prefieres tomarte una pastilla o que metan un hierro por el cuerpo? Así es normal que opten por la primera opción', reconoce el presidente de ACAI, cuestionando que no se informa objetivamente sobre las distintas alternativas existentes.

Con estos y otros casos de incumplimientos e inequidades, los máximos responsables de ACAI se reunieron el pasado lunes, 14 de febrero, con el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y la secretaria de Igualdad, Bibiana Aído, que 'se mostraron receptivos e incluso sorprendidos de lo que pasaba'. Sin embargo, desde ACAI lamentan que, aunque pensaban que 'los reales decretos aprobados eran transitorios y todavía faltaba un reglamento que diese forma a la norma, el ministerio ha reconocido que no va a adoptar más medidas' al respecto, salvo una norma que permita el acceso universal a la anticoncepción.

Según Francisca García, Sanidad 'es también responsable del cumplimiento de sus normas' y, por tanto, recuerda a la ministra del ramo, Leire Pajín, que debe dictar 'cuantas disposiciones sean necesarias para unificar criterios en todas las autonomías'. Por último, la vicepresidenta de ACAI también ha reconocido que, aunque no tienen datos oficiales sobre el número de abortos practicados desde la entrada en vigor de la ley, la 'experiencia cotidiana' muestra que 'se mantiene o va disminuyendo muy lentamente'. No obstante, García considera que se debe al descenso de mujeres inmigrantes en España y por la disminución de la voluntad de tener hijos, lo que hace que haya 'menos casos de malformaciones o problemas para la madre'.