Los habitantes del sector 5 de Cañada Real Galiana no están dispuestos a dejar sus casas. Tampoco quieren que se les confunda con la zona del asentamiento ilegal donde hay tráfico de drogas. Sobre todo, no quieren enfrentamientos como hace dos días en el que hubo 40 heridos.

Más de 200 vecinos, la mayoría marroquíes, caminaron ayer ocho kilómetros, desde el poblado ubicado al sur de la capital hasta Madrid para pedir la legalización del asentamiento.

A las ocho y media de la mañana cuatro vecinos paseaban arriba y abajo frente a los restos de la casa de Abdul Lilah, derruida el día anterior después de que cientos de vecinos organizados se enfrentaran a la policía para evitarlo. Hacían tiempo mientras llegaban más para empezar con la reconstrucción de la vivienda de su vecino. “Todos hemos dado algo de dinero. Hemos logrado 800 euros”, decía Mohamed.

Apoyo vecinal

Poco a poco se acercaron más. La mayoría eran hombres, a diferencia del día anterior, cuando las que se enfrentaron a la Policía eran las mujeres. Ayer, todos decidieron faltar a sus trabajos de repartidor, de encofrador o de albañil, para apoyar a Abdul y su familia.

Abdul llegó al volante de un monovolumen con su mujer y sus dos hijos. Sus rostros mostraban cansancio, pero no su determinación: “Volveré a hacer la casa porque he trabajado duro para tenerla”.

Sus vecinos asentían: “Cuando hicimos las casas no nos dijeron que eran ilegales”, “ahora no pueden echarnos”, “si somos ilegales que nos legalicen, somos todos trabajadores honrados”, repetían.

Los ánimos se caldeaban y después de las diez un grupo se dirigió hacia la carretera de Valencia. El resto le siguió sin saber el destino. Hasta que alguien concretó: “Vamos a la Junta Municipal de Vicálvaro [en Madrid] para pedir la legalización del poblado”.

Durante tres horas recorrieron cerca de ocho kilómetros escoltados por agentes antidisturbios. Los hombres marchaban delante, con niños y adolescentes. Detrás, las mujeres, la mayoría con la cabeza cubierta por el hiyad (pañuelo musulmán), empujaban una decena de carricoches.

Al llegar a la Junta Municipal cuatro vecinos pidieron ver a la concejal del distrito sin éxito. Tras esperar una hora volvieron, en metro, al poblado.
Por la tarde volvieron a reunirse en un local social del sector 5. Uno de ellos sugirió que el derribo de Abdul se produjo porque no había recurrido. Por eso animó a recurrir todas las órdenes que reciban, al igual que han hecho siete familias de rumanos.

Pidieron, además, a las autoridades que contaran con ellos para “resolver el conflicto”. La presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, aseguró que los asentamientos ilegales de Cañada Real Galiana “son un problema heredado”. “El Gobierno no tiene nada que ver con él”, recogió Europa Press. Gallardón propuso crear una comisión para tratar el problema.