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Aguirre acata y respeta la decisión del Supremo

La decisión del Supremo echa por tierra la actuación de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno decidió plantear una serie de alternativas para los niños que no quisieran cursar Ciudadanía

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que acata y respeta al decisión del Tribunal Supremo de avalar la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) que supone no respaldar la objeción de conciencia.

Antes de participar en la toma de posesión de la nueva Junta directiva del Colegio notarial, al ser preguntada por si a partir de ahora dará alguna orden a los colegios, Aguirre manifestó que 'acatar significa acatar la sentencia tal y como ordene que hagamos las administraciones educativas'.

La decisión del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Supremo de denegar el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos echa por tierra la actuación de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno decidió plantear una serie de alternativas para los niños que este año, en 2º y 4º de la ESO, objetaran a la materia, hasta que el TS dictará una orden al respecto. El Gobierno regional todavía no se ha pronunciado pero podría recurrir esta sentencia ante el Constitucional.

Las opciones ofrecidas a los alumnos objetores eran trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos así como trabajos de voluntariado en el propio centro que los niños objetores tendrían que realizar durante las horas en que sus compañeros impartían la clase de Educación para la Ciudadanía.

El último capítulo fue un requerimiento que el Gobierno central envió a la Consejería de Educación para instarle a que aplicara la Ley Orgánica de Educación (LOE) y obligar a todos los alumnos a estudiar EpC.

La Comunidad no contestó a tal procedimiento, por lo que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte tenía que decidir en este mes si presentaban un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad por dichas instrucciones. De hecho, el pasado viernes así lo hizo la Abogacía del Estado.