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MAFO no renuncia a los 264.000 euros de su cese como gobernador

La expresidenta y dos exmagistrados del TC, y seis exmiembros del Tribunal de Cuentas, también piden cobrar la indemnización

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Miguel Angel Fernández Ordóñez ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que no renuncia a la indemnización de 264.040 euros que le asigna la Ley por haber ocupado el cargo de gobernador del Banco de España hasta el pasado 8 de junio.

Fernández Ordóñez mandó la comunicación a Hacienda tras recibir en julio el requerimiento del Ministerio a todos los exaltos cargos beneficiados con este tipo de pensiones especiales o cesantías. El Gobierno quería saber si renunciaban o no a la indemnización, tras establecer en el decreto de recortes de ese mes que esa cantidad pasaba a ser incompatible con la percepción de cualquier otra remuneración pública o privada.

Según fuentes conocedoras del procedimiento, Fernández Ordóñez contestó que no renunciaba al cobro de la indemnización prevista para exaltos cargos del Banco de España en la ley que regula la entidad, y que asciende al 80% del total de sus retribuciones durante dos años, lo que en el caso del exgobernador supone un total de 264.040 euros, ya que su sueldo bruto anual era de 165.026 euros . No podrá cobrar la cuantía de una vez, sino a razón de 11.000 euros mensuales durante esas dos anualidades.

La regulación de esta indemnización está fijada en el artículo 26 de la Ley de Autonomía del Banco de España, que señala para los exaltos cargos que, al cesar en sus puestos, 'y durante los dos años posteriores, no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con las entidades de crédito o con los mercados de valores. Durante dicho período tendrán derecho a percibir una compensación económica mensual igual al 80 % del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo durante el período indicado. No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado, con excepción de la docencia, ni cuando el cese se haya producido en virtud de separación acordada por el Gobierno'.

Del mismo modo, la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, que dejó el cargo en diciembre de 2010, y los exmagistrados del mismo tribunal Javier Delgado Barrio y Elisa Pérez Vera, que fueron relevados el pasado mes de julio, tampoco han renunciado a la indemnización por el cese en sus puestos, que en su caso corresponde a la totalidad del sueldo anual pero sólo durante un año y no dos. O sea, 129.271 euros en el caso de Casas, y 110.520 en el de los otros dos exmiembros del alto tribunal.

Fuentes del Constitucional, que tiene autonomía financiera, dijeron a Público que se autorizará el desembolso de acuerdo a la Ley del Tribunal Constitucional, que en su artículo 25 reconoce ese derecho a los exmagistrados, y que es el mismo procedimiento que se ha seguido hasta la fecha con todos los miembros de la institución que han ido siendo relevados.

En cuanto a los ex miembros del Tribunal de Cuentas, son seis los que han comunicado la no renuncia a su indemnización: los expresidentes Ubaldo Nieto y Manuel Núñez --que han comunicado al Congreso de los Diputados su petición para que autorice el desembolso--, y los exconsejeros Luis Martínez Noval, Ciriaco de Vicente, Rafael Corona y Juan Velarde. Los seis tenían el mismo sueldo bruto anual, de 112.578 euros, por lo que la indemnización total que reclaman --del 80 por ciento de dos anualidades-- ascenderá a 180.124 euros. Tampoco podrán cobrarla de una vez, sino a razón de 7.505 euros al mes durante dos años. 

El pasado 4 de agosto, el Ministerio de Hacienda informó en una nota de que 64 exaltos cargos habían renunciado a la indemnización, y que otros 21, por el contrario, habían comunicado que querían seguir cobrándola. El ahorro derivado de la medida ascendía a 4,7 millones de euros. Posteriormente, el expresidente del CGPJ Carlos Dívar, que dimitió por el caso de sus gastos de fin de semana sin justificar, renunció al cobro de la indemnización --que en su caso era por un total de 208.000 euros--, por lo que pasará a cobrar la pensión de jubilación ordinaria que le corresponde por sus años de servicio en la carrera judicial (de unos 2.400 euros al mes como máximo).