Las víctimas que se mostraron más escépticas ante el comunicado de ETA de anuncio del cese definitivo de la actividad armada temían que el paso dado por la banda condujese a la impunidad de los asesinos de sus familiares. Ayer todas las asociaciones judiciales y la Audiencia Nacional el tribunal competente para investigar y juzgar los crímenes terroristas coincidieron en manifestar que la labor de los jueces y fiscales seguirá adelante aplicando la legalidad vigente.

Hasta el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que 'no se van a alterar en absoluto los procesos judiciales iniciados' y anunció que el Gobierno continuará con la 'misma política antiterrorista', pese al anuncio de ETA, informa Europa Press. Y eso afecta a todos los tribunales, incluido el Supremo y el Constitucional. El primero deberá revisar la condena impuesta a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune y el intérprete de la Carta Magna tiene pendiente casi una treintena de recursos relativos a la doctrina Parot, que fija el cumplimiento máximo de penas en 30 años pese a los beneficios penitenciarios.

Los jueces y fiscales continuarán trabajando como hasta ahora

En la Audiencia Nacional se instruye más de un centenar de causas por integración o colaboración con la organización terrorista ETA, asesinatos, extorsión, kale borroka o enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo. Una cifra que, aunque pueda parecer abultada, es muy inferior a la de los años en los que la actividad terrorista era muy superior. En ellas hay 121 presos preventivos, además de los reclamados a otros países, especialmente, Francia.

Todos esos procedimientos, salvo aquellos en los que no se ha podido determinar quién fue el autor o no ha podido ser puesto a disposición de la Justicia, acabarán en la Sala de lo Penal, en la que ya están las dos principales causas que tiene pendiente la izquierda abertzale ilegalizada: la relativa a la financiación de ETA a través de las herriko tabernas o caso Batasuna, y la reconstrucción de su mesa nacional, que se juzgará junto al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y a Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Principales causas

Caamaño asegura que los procesos ya en marcha 'no se verán alterados'

El juzgado que más causas investiga es el de Eloy Velasco, con 29 procedimientos. Uno de ellos es el que pretende determinar las conexiones entre ETA y las FARC.

En el juzgado 5 hay 27 causas, como la abierta contra los dirigentes de D3M y Askatasuna y la relativa a la red de extorsión desarticulada en el bar Faisán, de Irún, en el que se produjo el chivatazo que el juez Pablo Ruz investiga en otro procedimiento. El Juzgado número 3 se ocupa de otras 25, como las seguidas contra los intentos de reconstruir Ekin (considerado el brazo político de ETA), Segi o Askatasuna. El juez Fernando Grande-Marlaska también se encarga de los abogados de la banda acusados de formar parte de la red de información Amarauna.

En el Juzgado número 1 las causas ascienden a la veintena; una de ellas es el atentado que mató al teniente Luis Conde en 2008. Las abiertas en el número 2 cuentan con diez presos en cárceles españolas y otra decena de reclamados. En el Juzgado 4 se investiga, entre otras causas, el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles.

El comunicado de la banda estaba muy presente ayer en la Audiencia Nacional. Su presidente, Ángel Juanes, recordó a las víctimas a través de las palabras del poeta francés Paul Éluard: 'Si el eco de sus voces desaparece, todos morimos un poco', dijo como colofón a su deseo de que dentro de muchos años recordemos dónde estábamos el miércoles, 'pues eso significará que esta vez sí fue de verdad'.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien, 'como ciudadano', consideró que 'siempre es una buena noticia que una organización terrorista deje su actividad criminal', aseveró que se necesita que 'a corto plazo' el comunicado se acompañe de 'la entrega y puesta a disposición de la Justicia de aquéllos que tengan responsabilidades pendientes por terrorismo'.

Zaragoza aseguró que la Fiscalía seguirá 'haciendo lo que ha hecho día a día durante todos estos años', porque 'la justicia penal está para eso al margen de los contextos y vaivenes políticos'. El fiscal jefe recordó que una cosa es la aplicación de la ley y otra, la política criminal que marca el Gobierno.

El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, explicó que 'ningún ordenamiento en ningún país' prevé la posibilidad de que delitos de sangre queden impunes. De ahí que el margen de negociación se centre en el ámbito penitenciario, como la dispersión de presos, que es una decisión adoptada en función del riesgo existente y que puede modificarse si este cambia.

José Luis Ramírez, de Jueces para la Democracia, coincide en el diagnóstico, porque 'los procesos penales no pueden verse condicionados por ninguna negociación'. Señaló que es en los beneficios y la clasificación de los presos donde podría revisarse su situación, si la banda desaparece. Para Marcelino Sexmero, de la asociación Francisco de Vitoria, como ETA no se ha disuelto, será 'difícil que se puedan adoptar medidas políticas', que siempre son anteriores a las legales. '¿Cómo se deja de perseguir a la banda si sigue existiendo?', se preguntó.