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Mas insiste en hacer consultas sin autorización del Gobierno

El president ofrece consensuar en dos años una ley electoral en Catalunya

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La Generalitat mantiene su propósito de crear un marco legal propio que permita celebrar consultas populares sin tener que contar con la autorización previa del Gobierno central, según reiteró este miércoles ante el Parlament el president, Artur Mas. La postura del Govern desafía la suspensión cautelar de la ley aprobada por el Parlament en la pasada legislatura, como consecuencia de la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

'En el siglo XXI, ¿un Gobierno y un Parlamento de un país como Catalunya acaso no pueden consultar, aunque no sea por vía de referéndum, a su ciudadanía para conocer su opinión?', se interrogó Artur Mas tras ser interpelado por el diputado Albert Rivera, líder de Ciutadans (C's), quien censuró al president por 'dar prioridad a ir a votar en consultas de fin de semana', en alusión a la sucesión de consultas soberanistas de ámbito municipal.

La próxima cita del movimiento de consultas sobre la independencia está fijada para el 10 de abril en Barcelona. Artur Mas, que en la campaña electoral dijo que, llegado el caso, votaría por la secesión, cavila sobre su decisión dado su rango institucional. En declaraciones al diario Avui, admitió, sin embargo, que 'lo más probable es que vaya a votar' como ciudadano.

El presidente de la Generalitat justificó la posición del Govern en su política de 'mejorar la calidad democrática de Catalunya'. En este contexto y en respuesta a la interpelación de Rivera, Mas se ha comprometido a volver a intentar, en los próximos dos años, un acuerdo lo más amplio posible que permita elaborar la ley electoral de Catalunya, única comunidad autónoma que carece de legislación propia en la materia. La fuerte contraposición de intereses entre los diferentes grupos abortó el último intento acometido in extremis en la última legislatura.

La ley de consultas, que gravita sobre el horizonte del 'derecho a decidir' asumido como un compromiso político por el Gobierno de CiU, dio pie a un encontronazo dialéctico entre el diputado independentista Uriel Bertran (SI) y la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, a cuenta de la consellera de Justícia, Pilar Fernádez Bozal.

Bertran volvió a cargar contra la consellera, a la que calificó de 'incapacitada' para su cargo por su papel anterior como abogada jefe del Estado en Catalunya a raíz de la primera consulta celebrada en Arenys de Munt en 2009.

En respuesta a la interperlación del grupo de Joan Laporta (SI) sobre la postura del Govern sobre las consultas soberanistas organizadas en los municipios, Joana Ortega calificó de 'totalmente reprobables' las consideraciones del diputado Bertran, al que acusó de tener una 'fijación casi enfermiza' con la consellera de Justícia y su pasado como abogada del Estado.