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Mas liga su apoyo a Zapatero al concierto económico catalán

El president asegura que en la reunión de la semana pasada con Rubalcaba le reiteró las peticiones del Govern

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Presionado por las acusaciones de estar reeditando un pacto con el PP a cuenta de los Presupuestos de la Generalitat, de la alcaldía de ciudades como Barcelona o Badalona o de la supresión del impuesto de sucesiones, Artur Mas recuperó ayer su discurso más identitario y reivindicativo.

Lo hizo tras hacerse pública una reunión mantenida la pasada semana con el vicepresidente y futuro candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cual también asistió el presidente de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Ante las especulaciones sobre los posibles acuerdos alcanzados durante este encuentro, Mas quiso dejar claro que cualquier pacto estable de gobernación pasa por su principal apuesta en esta legislatura: la consecución de un nuevo pacto fiscal para Catalunya en la línea del concierto económico.

Con unos Presupuestos recién presentados que reflejan una restricción del gasto nunca visto hasta ahora, el president se siente aún con más argumentos. Lo dejó ayer claro antes de advertir que el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales, tenga la mayoría que tenga, se encontrará sobre la mesa una carpeta. 'Nuestra formación ha de condicionar toda su acción política a la consecución del pacto fiscal', aseguró ante un nutrido grupo de empresarios reunido en Sitges.

Mas dejó como último mensaje de un discurso de una hora lo que él ya considera que será una 'batalla incómoda' que, aseguró, intentará que sea 'el gran tema de la próxima legislatura, si no el tema'. El objetivo es conocido: reducir un déficit fiscal 'insoportable' del 9% que se repite año tras año entre las aportaciones de Catalunya al Estado y lo que acaba recibiendo en forma de inversiones.

En la reunión con Rubalcaba, Mas dejó claro que su partido quiere asegurarse de que el Gobierno sea corresponsable y asuma las peticiones económicas del Ejecutivo catalán, cuantificadas en unos 2.850 millones de euros por el fondo de competitividad, los recursos por inversiones no realizadas y el traspaso de activos del Estado a la Generalitat.

La convicción del president de la Generalitat es que su Ejecutivo ha hecho los deberes para reducir el déficit, un ejercicio necesario para escapar de situaciones similares a las de Grecia, Portugal e Irlanda, intervenidas por la Unión Europea. Tanto, que llegó a desafiar a los gobiernos autonómicos salidos de las elecciones del 22-M a llevar a cabo políticas de ajuste como las presentadas por el Govern el pasado martes.

Según desveló el propio president, en la reunión también reclamó como punto 'clave' la gestión desde las administraciones catalanas del aeropuerto del Prat.

Fuentes del Govern se esforzaron en señalar que el encuentro se saldó sin compromisos concretos, ni acuerdos en materia de gobernabilidad o presupuestos, dos puntos clave para Rubalcaba. El futuro candidato aspira a lanzar su candidatura sin turbulencias en el Congreso, donde el PSOE cuenta sólo con el apoyo del PNV.

El Parlament catalán era ayer una olla de rumores sobre el contenido de la reunión. Todos los grupos hicieron su lectura de la reunión, comenzando por un PSC que se mostró irónico. Su presidente parlamentario, Joaquim Nadal, celebró que 'ya era hora que los dos gobiernos, el de Catalunya y el de España, se hablaran' y aseguró que la reunión trató 'una estricta normalidad bilateral de Gobierno a Govern'. También el primer secretario, José Montilla, negó que este encuentro pueda condicionar las posturas del PSC.

El PP, por su parte, atacó la reunión y pidió a CiU que 'deje de ser el salvavidas de la agónica legislatura de Zapatero'. Asimismo, señaló que el encuentro 'desautoriza' al PSC ya que, a su entender, 'la voluntad de Rubalcaba es tender puentes con el Govern de CiU'.

Desde ERC, se especulaba con un eventual apoyo de CiU a Rubalcaba en lo que queda de legislatura, e instaron a Mas a 'no cometer el error de negociar otra vez aquello que, por ley, el Gobierno debe cumplir'.